75.000 personas se beneficiarán de ayudas de Derechos Sociales

El Gobierno de Navarra prepara 14,2 millones para proteger a la población más vulnerable

08.05.2020 | 01:31
Una persona en silla de ruedas circula por Pamplona protegido con una mascarilla. Foto: Iñaki Porto

pamplona – Un total de 13.690 personas de Navarra, afectadas por los efectos socio-económicos de la pandemia, van a recibir la ayuda directa del Ejecutivo foral y otras 64.294, usuarias de los distintos servicios sociales también van a verse beneficiadas por el refuerzo de estas prestaciones, con una inversión total de 14,2 millones de euros.

El Departamento de Derechos Sociales ya ha recibido la aportación comprometida por el Ministerio de Derechos Sociales para las Comunidades Autónomas, que como se sabe, en el caso concreto de Navarra, asciende a 4.520.984 euros. A estos fondos se suman las aportaciones propias de las entidades locales, que están contribuyendo en el refuerzo de los Servicios Sociales, y algo más de 9 millones aportados por el Gobierno de Navarra.

El COVID-19 ha provocado nuevas necesidades en los servicios sociales, así como en las prestaciones económicas destinadas a la población más vulnerable o en riesgo de exclusión. De la aportación económica del Estado, a Renta Garantizada se destinará un millón de euros, que se sumará a los 5 del Gobierno Foral y servirán para reforzar la protección social de las familias que más están sufriendo esta crisis, garantizándoles unos ingresos mínimos mensuales que les permitan afrontar la cobertura de sus necesidades básicas.

La previsión realizada por el Departamento de Derechos Sociales en enero de 2020 para este año fue de 15.000 unidades familiares, como posibles perceptoras de renta garantizada. Sin embargo, en las nuevas circunstancias se calcula, especialmente en los próximos meses, un incremento de 1.000 unidades familiares que van a necesitar la Renta Garantizada (RG). Serán en torno a 2.640 personas más las que se beneficiarán de esta medida, un 54% de ellas mujeres.

El tiempo de permanencia en la prestación va a depender de la evolución del mercado de trabajo y las acciones de reactivación que se promuevan, pero, ante un escenario tan incierto, el Departamento ha hecho una previsión económica para la continuidad de las familias en la prestación durante todo el año 2020. No obstante, la situación podrá cambiar dependiendo de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que se está consensuando en estos momentos entre la Administración General del Estado y las de las CCAA.

La inversión de Derechos Sociales también va destinada a la creación de recursos intermedios, al mantenimiento de las plazas concertadas para personas mayores o con discapacidad en los centros residenciales y para el refuerzo de plantillas.

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