PAMPLONA. El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora general de Función Pública, Amaia Goñi, han realizado balance de la gestión realizada en materia de personal de la Administración Foral desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
El consejero Remírez ha destacado ¨la gran capacidad de adaptación, disposición y profesionalidad del conjunto del personal de la Administración del Gobierno de Navarra que durante estos meses ha sabido estar a la altura de las circunstancias, siendo capaces de seguir prestando servicio a la ciudadanía a través del teletrabajo con las dificultades añadidas que la situación de confinamiento conlleva".
Javier Remírez ha agradecido además "su absoluto compromiso a todas aquellas y aquellos profesionales, especialmente de los servicios esenciales, que han incrementado turnos, reforzando esfuerzos y ampliando en muchos casos sus funciones para atender las necesidades provocadas por la pandemia del COVID-19 desde un punto de vista sanitario, social y de emergencia, ofreciendo lo mejor de sus capacidades y conocimientos en todo momento".
Por otra parte, ha destacado "el esfuerzo realizado por todo el equipo de la Dirección General de Función Pública para dar cobertura a esta situación excepcional".
Desde el inicio de la crisis sanitaria y desde que se decretó el estado de alarma, la Dirección General de Función Pública, en colaboración con el resto de Departamentos afectados, ha trabajado en reorganizar de forma efectiva el trabajo en la Administración Foral conjugando el mantenimiento de los servicios públicos con la protección, seguridad y salud de sus empleados y empleadas.
Se han adoptado medidas organizativas y de prevención y además se ha redactado diferente normativa para implementar con máxima seguridad jurídica las medidas exigidas en los distintos momentos de la evolución epidemiológica y los diferentes escenarios del estado de alarma. Se han redactado hasta 4 órdenes forales con medidas de carácter organizativo y se han incluido medidas relativas al personal en distintos Decretos Ley Foral aprobados.
Desde un primer momento se identificó al personal prioritario y sus posibles personas sustitutas y se definieron los servicios esenciales. En un inicio, se adoptaron medidas de distanciamiento social, de fomento de modalidades de trabajo no presencial, suspensión de reuniones presenciales o restricciones de uso en zonas comunes hasta, finalmente, suspender la actividad presencial en los centros de trabajo de la Administración, optando y facilitando el teletrabajo y trabajo no presencial, en aquellos puestos no incluidos en los servicios esenciales.
Teletrabajo y trabajo no presencial
Alrededor de 12.000 trabajadoras y trabajadores públicos, el 43% del personal de la Administración de la Comunidad Foral, han desempeñado sus funciones de forma no presencial.
El 33,26% del personal de Administración Núcleo realiza trabajo no presencial, mientras el 59,31% de sus empleados y empleadas trabaja de forma presencial. Esta cifra engloba a los efectivos de Policía Foral, Bomberos o protección civil que siendo personal esencial trabajan casi al 100% de forma presencial.
En Educación, la cifra de trabajo no presencial o teletrabajo asciende a un 90,97%, mientras que en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea trabaja de forma presencial casi el 97% de su plantilla.
Además, desde la Dirección General de Función Pública se ha realizado una importante labor para reforzar de manera inmediata los servicios esenciales, sobre todo sanitarios y sociosanitarios. Para ello, se han estudiado y creado nuevas unidades, plazas o aquellos puestos necesarios para atender la emergencia sanitaria, sociosanitaria y social relacionada con el COVID-19.
Función Pública ha trabajado en continuo contacto y colaboración con Salud, Derechos Sociales, Interior y Economía y Hacienda para atender las necesidades de personal y recursos para hacer frente a la pandemia.
Desde que comenzó esta crisis sanitaria y hasta el pasado 1 de mayo se han efectuado 1.717 nuevas contrataciones, encomiendas de funciones y nombramientos de personal. 539 contratos son de sustitución y 1.150 son nuevos contratos para hacer frente a las necesidades, sobre todo sanitarias y sociosanitarias, provocadas por la pandemia de COVID-19. Además, se han realizado 8 nombramientos de Jefaturas nuevas para dirigir residencias de personas mayores y 20 encomiendas de funciones a personal fijo y contratado.
SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA. El 87% de los contratos se han realizado en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Se han realizado 1.479 contrataciones de las que 1.003 son nuevos contratos y 476 contratos por sustituciones. Un 50,06 % de las contrataciones ha sido de personal de enfermería, un 28,60% de personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un 5,87 % celadores y un 2,42% médicos. Además de las contrataciones se han realizado diversas medidas organizativas para concentrar la atención del personal en la contención de la pandemia y en la atención de los pacientes afectados por la misma.
AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS. El Gobierno de Navarra ha efectuado 183 contratos para la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, 124 contratos para plazas de nueva creación con motivo de la COVID19 y 59 para sustituciones de personal. Más de la mitad de estas contrataciones ha sido de personal cuidador con 104 contratos efectuados, aunque también se han reforzado las contrataciones en servicios generales, cocina o personal educador social.
SOS NAVARRA 112. Además, se han realizado 9 nuevas contrataciones para garantizar el servicio de protección civil, que desde el primer momento se ha reforzado para atender la emergencia sanitaria.
HACIENDA. Se han realizado 15 nuevas contrataciones para reforzar la campaña de la declaración de la renta. Todas estas contrataciones, nombramientos y encomiendas de funciones efectuadas en los últimos meses para atender la pandemia de COVID-19 han supuesto hasta el mes de abril un coste adicional en personal (capítulo 1) que asciende a 4.346.162,29 euros. Cabe señalar, que han sido numerosos los ofrecimientos de personal que de forma voluntaria se han mostrado dispuestos para prestar servicios de apoyo en servicios esenciales y unidades de la Administración que han incrementado su actividad.
