El 20 de septiembre de 2025 va a pasar a la historia del PNV como el día en que este partido viajó a París para hacer oficial y solemne que ha recuperado el edificio que le arrebataron la Gestapo nazi y el franquismo, y que había sido la sede del Gobierno vasco en el exilio del lehendakari Aguirre. La noticia de la devolución se conocía desde finales del año pasado, pero el Estado fijó un periodo de transición hasta diciembre de 2030 a cambio de pagar un alquiler al PNV porque el edificio lo ocupaba el Instituto Cervantes. Pero esta institución hizo las maletas hace unos meses, y el edificio está vacío. 

El sábado de la semana que viene, tal y como ha anunciado la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, en una rueda de prensa en Sabin Etxea, los componentes de la actual Ejecutiva nacional de Aitor Esteban y la anterior dirección de Andoni Ortuzar viajarán hasta el número 11 de la avenida Marceau para celebrar que ha vuelto a manos de su "legítimo dueño". Ipiñazar, ante el cuadro de Ricardo Arrue con los siete herrialdes que lucía en el despacho del lehendakari en el exilio, reveló que el PNV ha enviado una carta a la militancia en la que anuncia que el edificio ha vuelto a su "legítimo propietario", y que va a celebrar el sábado de la semana que viene que "hemos recuperado un pedacito de nuestra historia, no solo del PNV, sino un pedacito de la historia de Euskadi porque ese edificio fue cobijo del pueblo vasco en los peores momentos" y es un símbolo de "libertad". A partir de ahí, no ha querido poner el foco en los futuros usos que puede tener este edificio, algo que todavía "no está decidido". Al acto acudirán también cargos institucionales, el lehendakari Pradales, los diputados generales, alcaldes, portavoces del Congreso y el Senado, la europarlamentaria Oihane Agirregoitia, la presidenta del Parlamento Vasco...

El edificio de la avenida Marceau se ha convertido en los últimos meses en la bestia negra de la derecha española, que cuestiona su restitución al PNV. La devolución se ha llevado a cabo en virtud de la Ley de Memoria Democrática estatal, tras una investigación que ha seguido el rastro del dinero y que acredita que el PNV puso los fondos para la compra el 12 de septiembre de 1936 antes de que existiera siquiera el primer Gobierno vasco. Francisco Belausteguigoitia Landaluce, un vasco de la diáspora americana, envió 65.000 dólares al entonces tesorero jeltzale, Heliodoro de la Torre.

Pese a la cautela extrema que siguieron los jeltzales en un contexto de guerra para camuflar la propiedad real mediante sociedades interpuestas (lo que ha dificultado durante años acreditar la propiedad), el edificio fue incautado durante la ocupación nazi. Y, mientras voces de la derecha española se amparan en que la propia Francia reconoció ya en democracia que el edificio era propiedad el Estado español, en realidad se basan en una resolución de 1951 que se tomó lisa y llanamente como consecuencia del reconocimiento por parte de Francia y Gran Bretaña del Gobierno de Franco en Burgos en 1939. Es decir, Francia, ya en democracia, atribuyó la propiedad al Estado español, eso es cierto, pero lo hizo porque había reconocido al gobierno golpista de Franco, que se lo arrebató al PNV. La Ley de Memoria Democrática, precisamente, extendió su aplicación a los bienes obtenidos por el Estado español por el acuerdo con Francia de 1939, el pacto Bérard-Jordana, que suponía el reconocimiento del gobierno franquista.

A pesar de las explicaciones y de la investigación realizada, el PP y Vox han mantenido durante todo este tiempo que la devolución no es tal, sino que es un regalo del Gobierno español de Pedro Sánchez al PNV. El PP de la comunidad autónoma vasca ha introducido algún matiz sin llegar a cuestionar que el edificio sea devuelto (de lo contrario, entraría en terreno pantanoso reconociendo la legitimidad del franquismo), pero ha asegurado que, en todo caso, la sede es del Gobierno vasco y no del PNV como partido. Pero las investigaciones son concluyentes, han cotejado documentos bancarios, y concluyen que “la fecha de realización de la transferencia es clave”, ya que el dinero para la compra se entregó “el 12 de septiembre de 1936” y en ese momento no existía el Gobierno vasco, ya que el lehendakari Aguirre juró su cargo el 7 de octubre. La incautación por parte del fascismo está fuera de toda duda: el registro lo verificó el funcionario franquista Pedro Urraca en presencia de la Gestapo nazi.

Nuevo estatus de autogobierno

A preguntas de la prensa, Ipiñazar aseguró también que el balance de los primeros meses del EBB es "positivo", que tienen aún "muchos retos por delante" y están trabajando sobre los retos que les puso la militancia en la ponencia del Atano, como la digitalización. Sobre el nuevo estatus, aseguró que las conversaciones con PSE y EH Bildu van "en buen camino", y que el derecho a decidir está sobre la mesa, pero confirmó que este asunto es el que mayores discrepancias provoca, cuando se le preguntó por las advertencias de Eneko Andueza. En cualquier caso, cree que hay tiempo para trabajar.