La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha defendido que "es necesario complementar cualquier plan de reactivación económica con un plan de choque social dirigido a las personas, en el que el contenido social tenga un peso primordial y muy significativo".
Un plan que la entidad pide que "se implemente de forma rápida y eficiente" y que "esté consensuado con todos los actores estratégicos en el ámbito social, tanto públicos como privados" con el objetivo de "no dejar a nadie atrás".
Así lo ha señalado Jesús García, en representación de la Red de Lucha contra la Pobreza, en una rueda de prensa telemática en la que ha remarcado que, antes de la crisis del coronavirus, un 12,6% de la población navarra, casi 82.000 personas, se encontraban en situación de vulnerabilidad social, una cifra que va a aumentar "en cotas que no todavía no podemos conocer".
"Partíamos de una situación con casi un 13% de personas en riesgo de exclusión, que el estado de alarma les ha hecho sufrir más que al resto de la población, y nos estamos encontrando con muchas personas que están cayendo en eso mismo, va a aumentar la vulnerabilidad y es necesario no repetir errores del pasado", ha sostenido García.
En este sentido, ha advertido de que la crisis económica del año 2008 "no se gestionó bien a nivel social", por eso, ha pedido "no repetir esos errores". A su juicio, se deben "mantener las medidas que ya se han implantado" por parte de las instituciones ante los efectos del COVID-19 y "reforzar la colaboración del sector público, privado y tercer sector".
En concreto, la Red de Lucha contra la Pobreza propone un plan social dirigido a las personas, que ya ha sido presentado a los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra. A lo largo de las casi 50 páginas, el plan se centra en medidas a corto y a medio-largo plazo en ámbitos relativos a la inclusión social como son las ayudas pasivas, servicios sociales y en el refuerzo de un tercer sector que acompañe a esta población.
También recoge medidas específicas en el área de empleo, vivienda, salud, educación y menores, por considerarse de "especial vulnerabilidad en situaciones de exclusión social".
Así, entre otras propuestas, la Red de Lucha contra la Pobreza pide "reforzar los sistemas de garantía de ingresos y de apoyo a la vivienda que ya existen", así como que las ayudas "se adapten a la situación para garantizar que todas las personas tengan medios para hacer frente a sus gastos básicos".
"Es verdad que durante los últimos meses se ha agilizado la tramitación como la Renta Garantizada o las ayudas del Departamento de Vivienda, pero eso no debe ser una decisión puntual, sino mantenerse en el tiempo, por lo menos en lo que nos queda de año. La situación de las personas más vulnerables no va a mejorar a corto plazo", ha subrayado Jesús García.
INVERSIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
Igualmente, ha reclamado "invertir en los servicios sociales para que puedan atender a todas las personas que están cayendo en la vulnerabilidad y garantizar un correcto nivel de atención ante el previsible aumento de personas en situación de vulnerabilidad".
En opinión del representante de la Red de Lucha contra la Pobreza, "es necesario garantizar los derechos a todas las personas" y ha defendido que el acceso a las ayudas "no dependa de tener un padrón regularizado o no".
También se ha referido a la brecha digital y ha pedido "asegurar que todos podamos entrar en igualdad de condiciones a ese sistema". Y en cuanto al empleo, entre otras iniciativas, ha apostado por "reforzar las ayudas a la contratación; finalizar las actividades formativas ya en marcha, no sólo por medios digitales; y reforzar la orientación".
En lo relacionado con el ámbito sanitario, mejorar la efectividad de la asistencia sanitaria o garantizar la gratuidad de medicamentos y vacunas a personas en pobreza y situación social son algunas de las propuestas realizadas por la entidad.
Asimismo, la Red de Lucha contra la Pobreza ha considerado "urgente" que el Gobierno de Navarra "asuma las competencias" para la atención sanitaria a la población reclusa y, en lo referente a educación y menores, ha reclamado "medidas de inclusión para el alumnado en exclusión social".
