La acusación particular que ejercen las dos jóvenes de Pamplona que en diciembre de 2016 denunciaron haber sido víctimas de una doble agresión sexual bajo la influencia de alguna sustancia que pudiera responder a una sumisión química, similar a la burundanga, han dado un paso adelante ante la cantidad de irregularidades detectadas en la investigación y han solicitado la imputación formal de tres altos cargos policiales de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Pamplona. En concreto, el letrado José Luis Beaumont Aristu, que defiende a las dos mujeres, ha solicitado a la jueza de instrucción 1 de Pamplona que cite como investigados a la comisaria jefa de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, a un inspector jefe y a una inspectora especializada en informática. La petición de citación para declarar como investigados apunta a que hubieran podido cometer delitos de infidelidad en la custodia de documentos, de falsedad documental, de desobediencia y denegación de auxilio y de prevaricación. La instructora deberá decidir ahora si estima la petición y cita a los policías para tomarles declaración y conocer su actuación.
una jefa en la picota ya en la AN La comisaria jefa, Nuria Mazo Rando, recaló en Pamplona procedente de Madrid donde había ocupado un cargo de máxima responsabilidad en la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, también conocida como Brigada Patriótica de Policía Nacional (adscrita a Asuntos Internos) y creada en 2015 por Eugenio Pino, entonces máximo jefe policial en tiempos del ministro Fernández Díaz. Dicha comisaria estuvo declarando en la Audiencia Nacional en el caso Faisán y se dedicaba a investigar casos que incluso tenían ya condenas en firme como el 11-M o las investigaciones a políticos catalanes independentistas.
Los hechos de origen se remontan a nada más y nada menos que diciembre de 2016, cuando dos mujeres denunciaron ante la Policía Nacional haber sido víctimas de una doble agresión sexual, al haberse despertado en la mañana del día 8 de diciembre, hacia las 11,00 horas, en una vivienda del barrio pamplonés de Erripagaña, desnudas, y con sensaciones de haber mantenido relaciones sexuales, inconsentidas. En ese momento se encontraban con dos varones, sin que recordaran nada de lo ocurrido desde la 2.00 horas de la mañana en que, estando en un bar del casco viejo pamplonés, perdieron toda conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor mientras hablaban con un tercer varón, policía foral, amigo de los dos anteriores. El relato de los hechos denunciados invita a pensar que las dos mujeres habían sido víctimas primero de una intoxicación con algún tipo de sustancia de las que hacen que las personas pierdan toda conciencia de lo que sucede y sigan la voluntad de quien ha conseguido tal objetivo al objeto de agredirlas sexualmente o, en otras ocasiones, sustraerles sus pertenencias, o cometer cualquier acto contrario a su voluntad, anulada por esa "sumisión química.
A la solicitud ahora presentada para que se cite a los tres altos cargos policiales se une el hecho de que en los próximos meses se juzgará por revelación de secretos a un agente que formaba parte de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) que investigaba dicha violación, que es cuñado de uno de los dos investigados por la propia agresión sexual y que está acusado de haberles facilitado información para poder destruir pruebas antes de ser detenidos.
UN DESCUBRIMIENTO CASUAL En este caso, lo único que al parecer funcionó del sistema policial-judicial de investigación fue la rápida actuación policial de la UFAM de la Policía Nacional que, con celeridad, inició las investigaciones trasrecibir los primeros indicios de haberse producido los hechos relatados por las denunciantes, y que con eficacia procedió en 8 días a detener a los dos presuntos autores de los mismos y a tomar también declaración, como investigado no detenido, al citado policía foral, y a expulsar al policía, cuñado de uno de los arrestados, en cuanto se descubrió la relación familiar que él ocultó. Ya en el momento de la detención, la inspectora de policía que dirigía la investigación descubrió, por circunstancias totalmente imprevisibles (lo supo porque el detenido tenía en la galería de fotos del móvil la imagen de una niña, su sobrina e hija del policía investigado), la relación de parentesco (cuñados) de dicho arrestado con un policía nacional que, formando parte de su grupo policial, estaba participando en la investigación de la doble agresión sexual de los hechos desde su origen. Tras conocerse tal relación parental y descubrirse asimismo que, desde días antes de denunciarse los hechos por las dos mujeres, este policía nacional -cuñado del detenido- había estado investigando en las bases de datos policiales si existía alguna actuación policial frente a personas apellidadas igual que su cuñado, todo se complicó.
Al margen de ese presunto chivatazo, determinante a buen seguro de la posibilidad de que los acusados pudieran haber actuado ya sobreaviso, en el sumario judicial se han producido hechos inexplicables como la eliminación o el borrado de pruebas que formaban parte de la causa, ocurridos además en sede policial. Un auténtico esperpento que sigue acumulando episodios que no hacen más que contribuir al dolor y trauma de las víctimas por los hechos denunciados. En primer lugar, desapareció en dependencias policiales de Pamplona el informe que contenía la extracción de los datos del teléfono móvil del detenido, que es cuñado del policía nacional que va a ser juzgado, y que había sido realizada por los especialistas de la Policía Científica de Madrid. Desde allí, en marzo de 2017, se remitió a la capital navarra el resultado de la extracción. En dicho informe se remitían todos los datos del terminal móvil, los borrados previamente y los que no.
DOCUMENTOS ESFUMADOS No ha sido el único documento del procedimiento que se ha esfumado como por arte de magia. También desaparecieron en la propia Policía las imágenes de las cámaras del videovigilancia del bar del Casco Viejo de Pamplona en el que las mujeres manifestaron que habían perdido la conciencia de lo que ocurría a su alrededor. El último recuerdo que ellas guardan es estar conversando con un policía foral, amigo de los dos principales investigados por la agresión sexual. Para rematar el desaguisado, por si no fuera suficiente, por el momento tampoco constan en la causa los partes diarios de trabajo del grupo policial de la UFAM que investigaba los hechos, por lo que no se puede corroborar los días que estaba activo el policía investigado por el chivatazo. La jueza del caso deberá resolver ahora sobre la citación de los tres investigados que reclama la acusación particular. Recuerda la defensa de las dos denunciantes que, en septiembre de 2018, se les exigió judicialmente que se entregara el soporte digital de almacenamiento masivo de datos en el que se copiara el informe pericial realizado en Madrid sobre la extracción de datos del teléfono del detenido, así como su certificado de su invariabilidad, y fue entonces cuando, en marzo de 2019, los ahora implicados modificaron el disco e intentaron dejarlo vacío.
Pese a que dicha reclamación vino acompañada de la certificación de la invariabilidad de tal soporte digital y de su contenido, es decir, de que no fuera alterado de ninguna forma el disco, los tres altos cargos policiales a los cuales se pide ahora investigar procedieron en febrero de 2019, y antes de verificar ninguna entregar, a cortar los archivos que contenía un disco duro externo existente en la Policía Judicial de Pamplona con el fin de dejarlo vacío. En tal soporte digital fue donde por vez primera se copió la información procedente de Madrid relativa a las dos extracciones de datos de los dos teléfonos móviles intervenidos a los detenidos en diciembre de 2016.
