- Los sindicatos LAB, Steilas, Afapna, ANPE, CCOO y UGT reclamaron ayer el cumplimiento del Pacto Educativo para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra, firmado en 2018, y demandaron al Ejecutivo foral que “recapacite y deje de recortar derechos al profesorado de la educación pública” tras la “drástica reducción del número de sustituciones” durante el estado de alarma. En especial, reivindican “la compensación de las horas de dirección para los centros rurales y las reducciones de horas de docencia por edad que no se están efectuando y no se contemplan en las plantillas para el próximo curso”.

Representantes de estas organizaciones se concentraron ayer frente al Departamento de Educación portando carteles con el mensaje Que el Departamento cumpla lo aprobado por el Parlamento o Cumplimiento del pacto educativo ¡ya!. María José Anaut, de UGT, y Ainhoa Díaz, de LAB, en representación de los convocantes, leyeron un comunicado, en castellano y euskera, en el que remarcaron que “no hay ninguna normativa posterior que derogue este pacto, por lo que debe cumplirse”. Recordaron, además, que el pacto tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2022, “prorrogándose de forma automática su contenido hasta la suscripción de un nuevo acuerdo”; y que sus medidas “serán cumplidas en la fecha que indique el apartado o punto correspondiente, o, en su defecto, en el periodo comprendido por el propio pacto”.

Resaltaron, también, que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, “se ha comprometido con el cumplimiento del pacto en el Parlamento de Navarra, en el acuerdo programático y ante la mesa sectorial de la Educación Pública”, y que la Cámara foral aprobó “por unanimidad” el pasado 10 de junio una resolución para que “se siga dando cumplimiento” al pacto educativo y se garantice la reducción de jornada a los docentes de más de 57 años a partir de septiembre de 2020. “Este pacto es el fruto de una larga y difícil negociación con el Gobierno, en la que hubo que superar muchos escollos referidos a aspectos presupuestarios, por lo que la excusa de que no hay dinero no tiene ningún sentido; será, más bien, que no quieren invertirlo en la educación pública”, criticaron.

Los sindicatos han afirmado que, de cumplirse este pacto, “supondría la mejora de muchos aspectos: formación, sustituciones, ratios, atención a la diversidad, impulso a la escuela rural, comedores escolares, autonomía energética, software libre, etc”.

Por otro lado, los representantes sindicales reclamaron una negociación con todos los agentes educativos, también con los ayuntamientos, de un plan para el regreso a los centros educativos en septiembre. Sobre las condiciones planteadas por la ministra de Educación, Isabel Celáa, en la Conferencia Sectorial, Ainhoa Díaz, de LAB, remarcó que “si así lo exige la autoridad sanitaria, tendrá que ser viables; lo que va a suponer es más recursos y una reorganización tanto de personal como materiales”.

En este mismo sentido, María José Anaut, de UGT, opinó que “debe haber un cambio organizativo”. “El tema del covid-19 no puede caer sólo en las espaldas de los docentes y tendrá que haber algún agente que se ocupe de recursos laborales y enfermería”, ha planteado. Igualmente, resaltó que será necesario un “incremento de la plantilla” del profesorado si se van a reducir los grupos a 20 alumnos. Por su parte, Raúl López, de Steila, destacó que “si tiene que haber espacios alternativos tienen que empezar a prepararse ya, y si tiene que haber más dotación económica para poder contratar a más profesorado hay que ponerlo encima de la mesa ya”.

Los representantes sindicales se han referido igualmente al teletrabajo que, indicaron, “se tiene que regular tanto en horario como en condiciones laborales, que tienen que ser idénticas de las presenciales”, plantearon.

Retomar la enseñanza presencial. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, recibió ayer al presidente del Consejo Escolar Manuel Martín que le trasladó un documento de bases para la reactivación educativa con una apuesta por recuperar la educación presencial, sobre todo, en Infantil, Primaria y Educación Especial. El Consejo aboga por seguir reduciendo la brecha digital y prestar especial atención a la continuidad educativa del alumnado que vive en riesgo de pobreza y vulnerabilidad. Respecto al curso 2020-21 y en relación a los planes de contingencia frente a la covid- 19, el Consejo plantea que cada centro escolar, a partir del diagnóstico de su situación actual, y teniendo en cuenta sus singularidades, pueda y deba desarrollar su propio plan de intervención. Atendiendo a los diferentes escenarios evaluados, al Consejo le preopcupa disponer de un plan de atención digital no presencial, la organización de los espacios y las aulas, la organización orientada a satisfacer mejor las necesidades de renovación metodológica, el trabajo flexible y en equipo del profesorado, y la co-docencia en los mismos espacios.