Competencia sanciona con 3,3 millones a un cártel de transporte escolar en Navarra

Según la CNMC, "crearon una trama para repartirse y encarecer concursos del departamento de Educación"

16.09.2020 | 10:45
Niños dirigiéndose al autobús escolar a la salida de clase.

Pamplona – Golpe a las empresas de transporte de viajeros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 33 empresas navarras por repartirse el mercado y amañar los concursos públicos para repartirse el mercado del transporte escolar desde 2013, una práctica que, a juicio de este organismo fiscalizador ha encarecido los precios de este servicio durante los últimos ocho años.

La multa asciende a 3,3 millones de euros, pero se reparte de manera muy desigual entre las diferentes compañías del sector. En el caso de las firmas más potentes (Conda), el castigo asciende a las 667.297 euros y llega a los 437.646 euros en el caso de la Burundesa.



Pero no son las únicas. Firmas más pequeñas reciben también sanciones cuantiosas, lo que, a juicio de ANET (Asociación Navarra de Empresas de Transporte), va a suponer "la desaparición de algunas compañías" que ya están atravesando por dificultades debido a la suspensión del transporte desde marzo y a la caída de transporte de viajeros, tanto en las líneas regulares como en los servicios discrecionales. El sector cuenta con 36 empresas en Navarra, de las que 33 han sido multadas.

La resolución de Competencia no contempla sin embargo esta situación, sino que se ciñe a los hechos ocurridos años antes. Según la CNMC, las empresas crearon una trama para repartirse y encarecer los concursos del Departamento de Educación de la Comunidad Foral desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2018. El total de las sanciones se eleva a 3,36 millones de euros, a los que hay que sumar 15.000 euros a la asociación que articuló el acuerdo. Además, la CNMC ha activado nuevamente el procedimiento para aplicar la prohibición de contratar con la Administración de las empresas multadas, remitiendo la resolución sancionadora a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

La CNMC explicó en una nota que las empresas habían creado una trama para amañar los concursos públicos que realiza el Departamento de Educación para llevar al colegio a alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria y hacer posible el ejercicio del derecho a la educación previsto en el artículo 27 de la Constitución. "Respecto a la demanda del servicio de transporte escolar en centros públicos de la Comunidad foral, durante el curso 2019/2020 tiene como destinatarios a un total de 115 colegios y 14.498 alumnos. Las empresas del cártel se repartieron durante ocho años las rutas de su elección, estableciendo turnos y compensaciones para asegurar carga de trabajo y precios", explica Competencia en su nota.

El organismo asegura que la existencia de la trama ha quedado reflejada, al menos, en la licitación para el curso escolar 2013/2014 y sus prórrogas y en la licitación para el curso escolar 2017/2018, según la CNMC. "La investigación ha revelado un comportamiento coordinado, de modo que cuando una de las empresas se ha presentado a un lote, ninguna otra de las partícipes en el acuerdo lo han hecho, a pesar de tener solvencia técnica para hacerlo. De no existir acuerdo entre las empresas y las UTE, las empresas habrían presentado ofertas a los mismos lotes para tener más posibilidades de obtener algún contrato y habrían competido en precio y condiciones, lo que en última instancia habría producido un beneficio para el consumidor final", explica la CNMC.

Desde el Gobierno El expediente se inició tras la puesta en conocimiento por la Intervención General de la Comunidad foral de Navarra al Servicio de Consumo, Arbitraje y Defensa de la Competencia de la posible existencia de prácticas prohibidas por la ley 15/2007, de defensa de la competencia, siendo la autoridad autónoma la competente para instruir el expediente por razón el ámbito geográfico de la conducta, como concluyó la CNMC durante el trámite de asignación de competencias.

Desde ANET, cuya junta directiva es hoy diferente a la de hace siete años, momento en que se produjeron los hechos, se anunció ayer mismo la intención de recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional "Jamás ha existido ningún tipo de práctica anticompetitiva y que en la investigación únicamente se han identificado unos hechos que han sido interpretados erróneamente por parte del Gobierno de Navarra como indicios de infracción", explicaron en un comunicado firmado por las empresas del transporte.

"Competencia interpreta lo que no son más que indicios, vamos a recurrir a la Audiencia Nacional"

ANET


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