Las representantes de la Asociación de Empleadas de Hogar y Cuidados comparecieron ayer en sesión de trabajo de la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra para exigir que este colectivo de profesionales esté amparado por un convenio colectivo y que sean incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social. Navarra cuenta en la actualidad con 10.000 trabajadoras el hogar; de ellas unas 7.000 están dadas de alta en la Seguridad Social y 3.000 trabajan de forma irregular o en la economía sumergida.

Según declaró María Luisa García, una de las portavoces de la asociación, a día de hoy, las trabajadoras de este sector siguen “sin tener derecho a paro y creemos que ya es hora de que desde los gobiernos, en Navarra o Madrid, se nos incluya en el Régimen General de la Seguridad Social”. Por ello, exigió que todas las trabajadoras “estén dadas de alta en la Seguridad Social, que se acabe con la economía sumergida y que a todas las compañeras irregulares se les regularice ya” y ha denunciado que “el famoso subsidio extraordinario que se aprobó el 31 de marzo, a día de hoy casi la mitad de las compañeras todavía no lo han cobrado”.

También reclamó que la ayuda “no se quede en una cosa anecdótica”, ya que, “si hay ERTE que se han ampliado hasta 2021, también se tendrá que ampliar a las compañeras que han pedido el subsidio”. Además, demandó un control de la situación de las empleadas internas, porque “su trabajo es muy esclavo, sus condiciones laborales y salariales son muy pobres”.

Por último, exigió “un convenio colectivo como el resto de trabajadores, una ley de prevención de riesgos laborales y que se reconozcan las enfermedades profesionales”.

Los grupos parlamentarios mostraron su apoyo unánime al colectivo y destacaron que la respuesta a estas reivindicaciones es competencia del gobierno central. La parlamentaria de Navarra Suma María Isabel García subrayó que el paro en las empleadas del hogar ha sufrido un aumento del 30% a raíz de la pandemia y en concreto, 526 han dejado de trabajar en Navarra.

Por su parte, Nuria Medina, del PSN, destacó que el 95% de las trabajadoras de este colectivo dejó de trabajar para no contagiar o les rescindieron el contrato durante la primera ola. Por otro lado, indicó que el 40% de las empleadas a nivel estatal no tiene contrato, lo que subrayó que “es muchísimo”.