El Ministerio de Sanidad propondrá este miércoles a las comunidades el cierre perimetral de todas ellas en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias, y en el puente de San José en aquellas en las que sea festivo el día 19, como sucede en Navarra, así como fijar el toque de queda en ambas fechas a las 23 horas, como ya sucede en la Comunidad Foral.

Así consta en el documento, al que ha tenido acceso Efe este martes, en el que el departamento que dirige Carolina Darias plantea reducir las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En Navarra, están limitadas a un máximo de seis personas las reuniones en el ámbito público, excepto en el caso de convivientes, y en el ámbito privado, a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales distintas.

El Ministerio llevará estas propuestas este miércoles a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde se debatirá el plan de Semana Santa del Ejecutivo -ya acordado en la Comisión de Salud Pública- y que contemplaba cierres perimetrales durante el periodo vacacional. Por otro lado, si bien el acuerdo de la Comisión y la propuesta de Sanidad establecía un toque de queda a partir de las 22.00 horas, ahora el Ejecutivo se abre a retrasarlo una hora, a las 23.00 horas y se debatirá en la Interterritorial.

Sanidad quiere que todas estas medidas sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública de obligado cumplimiento para todas las autonomías durante el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo en aquella en las que sea festivo el día de San José -Navarra, Euskadi Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Galicia-, y desde el 26 de marzo al 9 de abril en el resto, para evitar desplazamientos en esas fechas.

De ahí que plantee que se declaren actuaciones coordinadas, de obligado cumplimiento en todo el territorio, tanto el cierre perimetral, que "se ha asociado en diferentes etapas de la pandemia a una mejora de los indicadores", como el toque de queda, a cuyo inicio recorta una hora respecto al borrador inicial y lo fija entre las 23 y las 6 horas, y las reuniones sociales.

Aunque en el caso del cierre perimetral, que estará sujeto a las excepciones del decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre -trabajo, acudir al médico, realización de exámenes, etc.-, "no será de aplicación a las comunidades autónomas de Islas Canarias e Islas Baleares".

Junto con las actuaciones coordinadas, el Ministerio sugiere una serie de recomendaciones que ya no son obligatorias, como la de no bajar el nivel de alerta en el que se encuentre la comunidad desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa (es decir, desde el día 12), "aunque los indicadores sean favorables".

De esta forma, aconseja mantener las medidas establecidas en ese momento "o aumentarlas si la evolución de los indicadores así lo exigiese" y no celebrar eventos masivos "de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas".

"Los eventos en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19', según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma", teniendo en cuenta los decretos autonómicos y lo establecido en el artículo 7.3 y 4 del decreto de estado de alarma.

Es decir, que las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones "podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios", excluyendo las actividades laborales e institucionales "ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable".

A diferencia del primer borrador, ya no desaconseja específicamente los desplazamientos de estudiantes universitarios, aunque sí argumenta que en estas fechas, en las que aumenta la movilidad de personas, "un grupo numeroso se corresponde con quienes cursan estudios universitarios y regresan a sus domicilios familiares durante las vacaciones".

"Si no se cumplen las medidas de prevención, este colectivo de estudiantes supone un potencial riesgo para los miembros de la unidad familiar, más si entre ellos existe población vulnerable", advierte.

En los últimos días, la incidencia acumulada ha mejorado respecto a enero y febrero, pero aun así sigue siendo de 142,24 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, una cifra aún lejana del objetivo de 50 contagios, que "nos situaría en nivel de riesgo bajo, o de menos de 25, que nos situaría en un escenario de nueva normalidad".

De la misma manera, el porcentaje de positividad ha disminuido, aunque sigue situándose por encima del 5 %, y los indicadores de ocupación hospitalaria, especialmente el de las ucis, que se sitúa alrededor del 25 %, "continúan en niveles altos o muy altos, observándose además un descenso muy lento".

Se da la circunstancia, además, de que en las últimas semanas la velocidad de descenso se ha ralentizado, "viéndose incluso en algunas comunidades una situación de meseta", en la cual ya no se está produciendo esa bajada.

Mientras, la vacunación ha arrojado "resultados esperanzadores", si bien aún no se ha alcanzado una cobertura suficiente "ni en España ni en el resto de Europa que garantice la protección generalizada de la población".

A lo que hay que sumar la aparición de nuevas variantes que "presentan una mayor capacidad de transmisión y alguna de ellas podría incidir sobre la capacidad de respuesta inmunitaria".

"Todos estos aspectos nos obligan a ser extremadamente cautelosos a la hora de mantener las medidas de limitación de actividades no esenciales y de control de la movilidad de cara a los días festivos con motivo de la festividad de San José y de la Semana Santa", concluye.