La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra ha reclamado que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que prepara el Gobierno de España contemple el derecho a una "vivienda digna" como un derecho subjetivo y la regulación de los alquileres "a precios adecuados a los salario de la población".

El colectivo, que ha celebrado este sábado una concentración en el Paseo Sarasate de Pamplona bajo el lema 'Por una ley que garantice la vivienda', ha asegurado en un manifiesto que esta ley "será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho en todo el territorio".

"No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental", ha manifestado.

"No estamos dispuestas a que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley", ha resaltado la PAH. "Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos", ha subrayado.

Por este motivo, la PAH ha exigido que la nueva ley incluya "como mínimo" la garantía del "derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo", la paralización de los desahucios de "personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada", así como "la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores".

Por otro lado, han reclamado que la ley asegure y amplíe el parque público de alquiler social "haciendo frente a las emergencia habitacional de forma prioritaria" y una ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda "hasta llegar al promedio europeo de parque público", destinando para ello "una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación".

También ha pedido que se regule a nivel estatal los alquileres "a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio" y que se modifique la Ley de arrendamientos urbanos para "dar protección y estabilidad a las inquilinas del conjunto del país".

Igualmente, la PAH ha demandado que la ley garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones; garantice "una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias" y desarrolle "medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios"; y contemple la "participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo".

Para la PAH, "es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas medidas". "Existe una mayoría social y también parlamentaria que las apoya pero tenemos claro que sólo con la movilización de toda la población conseguiremos que esta Ley sea la garantía del derecho a la vivienda", ha concluido.