La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento foral un informe en el constata una mejora en la gestión y control de pagos que sobre la Ley de la Dependencia lleva a cabo la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) pero insiste en crear partidas presupuestarias especificas para los gastos e ingresos de dicha legislación.
El informe indica que en 2019 había en Navarra algo más de 17.000 personas valoradas como dependientes y beneficiarias de la cartera de servicios sociales. En dicha cartera se incluyen la atención primaria, a la dependencia, a personas mayores, a personas con discapacidad, con enfermedad mental grave, atención a personas en exclusión social, a menores y a víctimas de violencia machista
En ese ejercicio, el Gobierno de Navarra gastó en dependencia cerca de 130 millones, con un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior. La aportación del Estado sumó algo más de 14 millones y los beneficiarios pagaron 42 millones. El informe dice que la ANADP cuenta con 60 profesionales dedicados a la valoración que en 2019 recibieron 20.000 solicitudes.
La normativa establece un plazo máximo de seis meses entre la entrada de la solicitud y la decisión de reconocer o no la prestación, plazo que ha comprobado que se cumple. Subraya la mejora en la gestión de cobros e impagos, la actualización permanente de la información en las bases de datos y su comunicación al Inserso, incluyendo el control de las personas fallecidas, y el cumplimiento del plazo de valoración y reconocimiento inmediato de la prestación.
El informe recuerda que siguen pendientes otras recomendaciones como la implantación de un sistema de contabilidad analítica que permita determinar el gasto de la dependencia y mejore la concreción de los precios públicos.
