- El Parlamento de Navarra celebró ayer la entrada en vigor de la ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La norma, que cuenta con el respaldo de la Fundación Tutelar Navarra (Futuna) y, por ende, de las 31 entidades coaligadas en torno a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, modifica ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas con discapacidad en el Estado aunque también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población. La norma elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. “Se da paso al derecho a decidir, en lo que supone un nuevo paradigma de corte inclusivo que atañe a la sociedad”.
En ese contexto, la Cámara ha hecho explícito su respaldo a la Ley 8/2021 por medio de un acto institucional con el que, a instancias de Futuna se pretende dejar constancia del “compromiso unánime de la institución con los dictados de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, un texto cuyo traslado a la legislación foral se desea optimizar siguiendo las pautas del informe promovido por el Parlamento junto al CERMIN y la UPNA”.
Así lo explicó el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, quien reconoció que “queda mucho trabajo por hacer, pero contamos ya con una hoja de ruta centrada en trabajar por y para la igualdad de derechos de todas las personas”. Respecto a la ley, Hualde reconoció que se trata de un “paso importante”, no en vano “mejora, actualiza y propicia un sistema basado en el respeto a los deseos de las personas con discapacidad y en la promoción de su autonomía”.
Por su parte, Ignacio Recondo, presidente de la Fundación Tutelar Navarra, destacó el alcance de una reforma que regula la instauración de un nuevo modelo de apoyo en la toma de decisiones basado en “el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad”. A su juicio, el nuevo enfoque supone “un paso adelante” por los derechos de las personas con discapacidad, “por fin dotadas del derecho a decidir, como el resto de la ciudadanía”. “La eliminación de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada supondrá un mayor esfuerzo, pero no cambiará la manera, cercana y personal, en que apoyamos a las personas con discapacidad intelectual. Eso sí, estamos ante un cambio de modelo que, para ser efectivo, requerirá de más ayuda a los agentes jurídicos y sociales”, planteó.
Al hilo de lo apuntado y en línea con las reivindicaciones formuladas desde la asociación estatal, Recondo pidió la “inclusión en la cartera de Servicios Sociales del apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de manera que se configure como un derecho exigible, tal y como sucede en las CCAA más avanzadas”. A su vez, requirió “financiación adecuada y estable, materializada a través del concierto social y no en forma de subvención graciable”.
A continuación, Demba Diarra Bah y Bárbara Trébol leyeron el manifiesto elaborado por AEFT, en el que se llama a “celebrar un cambio” que sitúa a las personas con discapacidad ante la posibilidad de lograr una vida “digna, elegida e inclusiva”. En ese camino, “para garantizar nuestra participación y que no se pase de la tutela a otras medidas sin saber cuáles son las ayudas que necesitamos”, AEFT reclamó la inclusión del apoyo a la toma de decisiones en las leyes de Servicios Sociales. “Sólo así, vivamos donde vivamos, tendremos acceso a ese derecho y podremos exigirlo”
“Es un paso adelante pero para ser efectivo requerirá más ayuda a los agentes sociales y jurídicos”
Presidente de Futuna
“Pedimos que no se pase de la tutela a otras medidas sin saber qué ayudas necesitamos”
Asociación de Fundaciones Tutelares
