La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, mostró su satisfacción porque “el proyecto de Ley de Memoria Democrática reafirma y pone en valor las líneas de actuación que, desde el año 2015, está desarrollando el Gobierno de Navarra en políticas públicas de memoria”. Así lo trasladó al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una reunión que mantuvieron en Madrid, en la que también participaron el director general de Memoria Democrática de la Secretaría de Estado, Diego Blázquez, y el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas, Martín Zabalza, además de otros responsables de ambos gobiernos en esta materia.

El encuentro permitió abordar el refuerzo de la coordinación de las políticas públicas en materia de Memoria Democrática entre el Gobierno de España y el de Navarra. En este aspecto, la consejera y el secretario de Estado incidieron en el avance “enormemente importante” que supone la Ley de Memoria Democrática con respecto a la de Memoria Histórica de 2007.

En este sentido, la consejera Ollo destacó que “Navarra ha sido pionera en el desarrollo de muchas de las políticas públicas que recoge el proyecto de Ley”. Así, aspectos que recoge el proyecto de ley, como el derecho a la verdad de las víctimas a través de las exhumaciones o su identificación, se llevan a cabo en la Comunidad Foral desde hace seis años, a través de un convenio con la Sociedad Aranzadi y el Banco Público de ADN de NASERTIC.

Asimismo, la transmisión a las nuevas generaciones ya está siendo desarrollada en la Comunidad Foral con el programa de “Escuelas con memoria por la paz y la convivencia”. Además, papel de los lugares de memoria o la democratización de los espacios públicos que apunta la nueva ley, ya está siendo desarrollado en la Comunidad con la aplicación de la Ley 29/2018 de Lugares de Memoria Histórica de Navarra.

Este proyecto de Ley, en palabras de la Consejera Ollo “reafirma el valor de nuestras políticas”. No obstante en esta fase parlamentaria de enmiendas, considera que “debería reforzar aspectos como la reparación económica de esas personas, que vieron como sus bienes era robados o usurpados por el régimen franquista, o en el avance de la verdad y la justicia de las víctimas con la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, tal y como demandó el Parlamento de Navarra a través de una moción aprobada en marzo de este año”.

Por último, en la reunión, ambos gobiernos se comprometieron a colaborar en materia de lugares de memoria, en concreto en dos proyectos como el Cementerio de las Botellas o el convenio de la Puerta de la Cárcel, por el que se cede al Gobierno esta puerta con el fin de ser colocada en el lugar de memoria que el Gobierno de Navarra aprobó en diciembre del 2020.

En 2017 la Comisión de Memoria Histórica aprobó un Censo Provincial e Lugares de Memoria. En dicho censo se recogen 23 puntos de la Comunidad Foral que recogen relación con vulneración de derechos humanos cometidos tras el golpe militar de 1936 o con la memoria y reparación de las víctimas. El exilio navarro fue uno de las consecuencias más dramáticas del golpe militar de 1936. El censo provisional del Instituto Navarro de la Memoria recoge más de 1.300 personas que dejan atrás su vida y bienes para huir de la violencia de los sublevados. La mayoría pasaron por los campos de concentración del sur de Francia. Antes de la aprobación de la ley en Navarra, los memorialistas navarros reclamaron al Estado en la ley a nivel estatal más valentía y que se abriese la investigación penal y se devolviesen los bienes del expolio franquista.

“Navarra es pionera en el desarrollo de muchas de las políticas públicas que recoge el proyecto de ley”

Consejera de Relaciones Ciuadanas