- La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, resaltó ayer la apuesta del anteproyecto de Ley Foral de atención y protección de la infancia y adolescencia por potenciar el acogimiento familiar frente a los recursos residenciales en los casos en que los menores. Al respecto, subrayó que la partida presupuestaria destinada al apoyo a las familias de acogida crecerá el año que viene un 74%. La consejera acudió al Parlamento para informar sobre este anteproyecto de ley, que sustituirá la aprobada en 2005 y cuyo texto se remitirá en breve a la Cámara foral. Una ley que supone una actualización "más acorde con el interés de los menores y los cambios de la sociedad" y que supone una "apuesta clara" por la "máxima desinstitucionalización de la atención a la infancia".

Maeztu remarcó que "esta no es una ley de y para los niños y niñas" sino "de todos y todas" y que "habla del futuro de nuestra comunidad". Por ello, señaló que para su elaboración se ha llevado a cabo un proceso de participación "amplio y rico" con "todos los sectores implicados". Indicó que el anteproyecto de la Ley se articula en torno el enfoque de derechos recogido en la Convención de Derechos de la Infancia; la participación de todos los agentes implicados, la protección a los grupos vulnerables, "con especial énfasis en la prevención y detección precoz"; y el trabajo en el entorno comunitario. Y tiene, entre sus principios rectores, "la parentalidad positiva, la atención centrada en la persona" y la "potenciación de la participación" de los menores.

En este sentido, destacó que la ley establece que todas las Administraciones públicas deberán realizar una evaluación al formular sus proyectos normativos con el fin de "prever las repercusiones" que tendrán sobre los menores. Igualmente, se contempla "dar prioridad" a los derechos de los menores en los presupuestos y alude a la existencia de espacios "adecuados" para atender a menores víctimas de violencia "evitando la victimización secundaria".

También, se refuerzan los "derechos a la protección de datos, a la identidad cultural, y la identidad y orientación sexual, la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a que no se les impongan las ideas, o el derecho a ser escuchado, sin presuponer su madurez únicamente a partir de la edad".

El anteproyecto encomienda a la Administración sanitaria garantizar a los menores el derecho a recibir información sobre su salud y obtener el consentimiento "en los términos legalmente establecidos". También contempla crear instrumentos para "homogeneizar el acceso al tratamiento preciso" para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, pone el foco en "las metodologías y la motivación frente a la desescolarización" y apuesta por "impulsar un buen clima y la convivencia".