La representación sindical mayoritaria del personal de residencias de la tercera edad han denunciado la "poca o nula" voluntad de acuerdo por parte de la patronal para la creación del I convenio sectorial de Navarra, elemento que consideran esencial en la mejora de las condiciones de las trabajadoras y, en consecuencia, del servicio.Lo han hecho en durante una sesión de trabajo en comisión parlamentaria en la que Josetxo Mandado, de ELA, ha intervenido como portavoz y en la que también han estado presentes Katy López (ELA), Ana Rey (LAB), Carmen Iglesias (UGT) y Yamilet Alcilla (CCOO).
Según ha indicado, este convenio afecta a casi 4.500 trabajadoras, más de 90% mujeres, distribuidas en más de 70 residencias y su negociación comenzó en mayo de este año pero siguen "en el mismo punto de partida", debido a que existe "poca o nula voluntad de llegar a acuerdo".
"La actitud de las patronal es nefasta, bloqueando el convenio, no dando ninguna propuesta y torpedeando la negociación", ha asegurado denunciado su negativa a hablar de tablas salariales "hasta que el Gobierno no tenga pasta" y que "eliminan todas las mejoras propuestas" en algunas incluso empeoran lo establecido en el convenio estatal.
Ha reconocido que la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, "está en todas las reuniones", pero "la actitud en principio es de observadora" y les gustaría tener una mayor implicación por su parte.
Este convenio sectorial, ha puesto en valor, "igualaría las condiciones laborales de todas las plantillas y garantizaría las mejoras laborales" así como el servicio prestado, pues según ha criticado en estos momentos existen diferencias de más de 30% de salario y 100 horas de trabajo.
Ha defendido que las condiciones laborales de este personal "son "responsabilidad de la Administración" y que en todas las adjudicaciones de servicios que haya en la Administración se debe recoger la obligación de la empresa a asumir las condiciones de la plantilla y a garantizar la aplicación de este convenio".
Asimismo, ha pedido "que la Administración asuma la responsabilidad de controlar lo que se hace con el dinero público y garantice el empleo digno y de calidad", ya que "no son pocas las ocasiones en las que las empresas no cumplen los convenios o sus obligaciones en materia de salud laboral, se retrasan en el pago de nóminas o simplemente no pagan".
Ha mostrado también el malestar de los cuatro sindicatos respecto al acuerdo marco que, por el momento, implica "más dinero" para las empresas pero manteniendo las mismas condiciones de trabajo.
Coincidiendo con la sesión en el Parlamento una representación de los trabajadores se ha concentrado frente a la sede de la Cámara para pedir unas condiciones laborales dignas y un servicio de calidad para el sector y este jueves hay convocada una jornada de huelga.
A este respecto, Mandado ha criticado que se ha impuesto un 100% de servicios mínimos al personal de atención directa, algo con lo que a su juicio "vulneran el derecho de la huelga".
Marta Álvarez, de Navarra Suma ha considerado que se trata de "un convenio fundamental" que "habrá que hacer poco" y "de una manera razonable" y ha sido muy crítica con la situación vivida durante la primera ola de covid-19, donde se trabajó "en unas condiciones muy lamentables" que llevaron en muchas ocasiones "a enfermar y situaciones psicológicas muy duras".
Desde el PSN, Nuria Medina ha defendido que la única manera de dignificar este sector, "muy abandonado durante muchísimos años por parte de las Administraciones", es "a través de un convenio laboral que debe ser negociado por patronal y sindicatos" y en el que el Gobierno "debe estar como parte e impulsor, que es lo que está haciendo".
Por parte de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha criticado que "de un tiempo a esta parte los servicios de atención a domicilio, que habían sido siempre públicos, se han ido privatizando", si bien ha puesto en valor que la pasada legislatura "se consiguió desatascar el conflicto en centros de discapacidad" y en esta se ha puesto en marcha el convenio de intervención social.
Por parte de EH Bildu, Patricia Perales ha apostado por "una estrategia para ir asumiendo estos servicios" desde lo público considerando que, hasta que esto llegue, es preciso un convenio que garantice unas condiciones laborales dignas ya que "en Navarra con el modelo actual estamos a años luz para llegar a un modelo digno, de calidad, universal, gratuito y público".
En nombre de Podemos Ahal Dugu, Mikel Buil se ha comprometido a empujar al Gobierno "a que se movilice para poder desarrollar antes de que termine esta legislatura esta negociación del convenio", si bien ha reconocido que esta es "muy complicada porque estamos hablando de las condiciones de todo el sector" e implica incluso a empresas de carácter multinacional.
