Profesores de Religión piden que se mantengan sus contratos

Lo han hecho en una comisión parlamentaria a petición de Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu en la que ha intervenido como portavoz Jerusalén Igal, quien ha defendido que "la reducción horaria de la asignatura de Religión no debe suponer ningún perjuicio para este profesorado" que tiene un contrato laboral indefinido con la Administración acorde a la legislación vigente.

"Lo único que pedimos es que se mantengan los actuales contratos de profesores y profesoras de Religión" de los centros públicos, ha proclamado comentando que muchos de estos docentes "ya están a tiempo parcial" y sus jornadas "se va a ver considerablemente reducidas".

Los profesores de Religión, ha insistido, cumplen "con todos los requisitos legales" para ejercer su profesión y están capacitados para "desarrollar distintas tareas en los centros educativos sin contravenir ninguna normativa", por lo que ha instado al departamento a que se complemente la docencia de Religión con otras tareas referente a proyectos, coordinaciones o comisiones.

Ha defendido que con esta solución no quitarían trabajo a otros profesores puesto que la alternativa la seguiría impartiendo el profesor de la sesión que se elimina y que tampoco supone incremento de gasto.

A pesar de esto, ha advertido que la situación no debería derivar tampoco en una reducción presupuestaria puesto que en este caso se estaría hablando de "ahorrar a costa de un grupo de trabajadores que ya soporta precariedad elevada".

Igal ha criticado que llevan año y medio solicitando dialogar sobre esta cuestión con el departamento de Educación "sin obtener una respuesta mínimamente satisfactoria" y la última comunicación desde el Gobierno fue simplemente que "con la normativa actual no disponen de margen de maniobra".

Ha negado que esto sea así poniendo como ejemplo otras comunidades donde sí se ha llegado a acuerdos como son Catalunya, Galicia o el País Vasco, donde "partidos políticos del mismo signo lo hayan apoyado y aquí dicen que no".

El profesorado de Religión, ha subrayado, "se ajusta a la normativa que ha decidido la Administración a través de su disposiciones legales" cumpliendo con unos requisitos e formación y selección que "a priori no deberían ser calificado como injustos, arbitrarios ni doctrinarios".

Estos profesionales "tienen unos estudios civiles equivalentes al nivel en el que va a dar clase" así como y otros requisitos que dependen de la autoridad religiosa, ha reconocido, si bien ha aclarado hay otros docentes a los que se les exige requisitos externos a parte de su titulación como son los profesores de los programas plurilingües.

Ha pedido también que no se caiga en el embuste de comparar al profesorado de Religión con el resto de docentes puesto que "el profesorado interino tiene un contrato administrativo y el de religión de tipo laboral indefinido".

Entre las diferencias, ha señalado, están que no se ofertan anualmente oposiciones, no se les pagan el grado y los quinquenios, a los sustitutos no se les paga el verano igual que a los interinos o que no se les permite ostentar puestos de jefatura ni secretaría.

Ha puesto en evidencia que "estamos ante un problema laboral que afecta mayoritariamente a mujeres" que durante "muchísimos años" han trabajado "de forma profesional" adaptándose a los cambios de normativa "ante los acuerdos que hay con las distintas confesiones y el derecho reconocido a las familias para elegir la asignatura".

El portavoz de Navarra Suma, Pedro González, ha considerado que "se quiere enfangar el debate de los derechos laborales" lanzando el mensaje que este profesorado son "privilegiados que acceden a dedo a sus puestos de trabajo nombrados por los curas" y "ocultando que son trabajadores indefinidos sujetos a las legislación laboral" con "derechos que deben ser respetados".

Desde el PSN Jorge Aguirre ha defendido que "no son despidos encubiertos" sino que la situación responde al acuerdo de legislatura y la LOMLOE, que "permite al reducción de las horas de religión al mínimo posible", y se ha mostrado contrario a la Proposición de Ley de Navarra Suma entendiendo que "hay que buscar otras alternativas y habrá otras soluciones".

María Solana, de Geroa Bai, ha mostrados sus sospechas de que "ha habido un recorte encubierto" puesto que en el Presupuesto del 2022 "iba incluido un descenso presupuestario previendo que iba a prescindir del porcentaje equivalente de sus jornadas sin haberse respondido a la solicitud de buscar alguna otra salida para este colectivo".

Para Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, "condicionar la planificación educativa y de los centros" otorgándoles otras responsabilidades vía ley "no es la mejor manera" y ha considerado "complicado garantizar que la contratación se mantenga al 100% desde le punto de vista de la viabilidad".