La desinformación es una epidemia que llega a casi todos los ámbitos y que podemos ver a diario en temas políticos, bélicos o sanitarios, creando bulos o manipulando noticias con la intención de confundir a la población favoreciendo determinados intereses. Pero también comprobamos a diario cómo se extiende la desinformación climática: negacionistas del cambio climático, los bulos de las estelas de los aviones (chemtrails) o teorías como que la exposición al sol no produce cáncer. Numerosas pseudoinformaciones o directamente mentiras amplificadas por el poder viralizador de las redes sociales y con el altavoz de determinados medios de comunicación, que ponen al mismo nivel, por ejemplo, a un científico y a un terraplanista.

El papel de empresas y gobiernos

La abogada experta en medioambiente en ClientEarth, Rosa Pritchard, ha criticado ese papel decisivo de las redes sociales en la difusión de desinformación climática, aunque matiza que no son “desencadenantes”, sino simples “amplificadores” al servicio de empresas y gobiernos.

La desinformación en redes se ha convertido en uno de los principales retos de la comunicación moderna, al ser un problema que afecta a la mayoría de la población y que viene propiciado por intereses externos, de empresas y gobiernos, que además de propagar bulos luchan por “posponer la reglamentación, luchar contra ella y ganar tiempo para eludir la ley”.

“Lo que vemos es una red muy compleja de actores distintos que están contribuyendo a la desinformación”, señala Pritchard. “A veces son las empresas, que quieren posponer la acción climática por motivaciones económicas, y a veces los gobiernos, que tienen interés en los combustibles fósiles o quieren sembrar caos y confusión”.

Usuarios e influencers multiplican los bulos

Asimismo, la abogada apunta al papel fundamental de los propios usuarios, “que amplifican información sensacionalista, polarizante y engañosa”, en muchas ocasiones de manera premeditada. “Hay usuarios que, como reconocen que el cambio climático y la crisis climática son temas que provocan sentimientos muy fuertes, amplifican el mensaje por motivaciones que pueden ser de atención o de ganar dinero de las plataformas”, lamenta.

Pese a la difícil situación y a que aún existe “mucha sensación de impunidad”, Pritchard mantiene que hay soluciones y que se están llevando a cabo, especialmente desde el punto de vista jurídico. “En Europa tenemos una nueva ley, muy importante y bastante innovadora, que es el reglamento de servicios digitales”, explica.

La UE, "valiente"

Según Pritchard, este movimiento legal por parte de la Unión Europea “ha sido una acción bastante valiente” para hacer frente “a la presión de las redes sociales” y que además va unida a ciertas actuaciones legales por parte de la sociedad civil que han puesto de manifiesto que es posible luchar contra el problema.

Entre estas actuaciones, la abogada destaca el caso de Estados Unidos, donde un jurado determinó que Meta y Google estaban generando una adicción en los jóvenes, y un caso bastante llamativo en Rumanía, donde la Comisión Europea tomó acciones legales sobre casos específicos de desinformación que afectaron a los resultados de una elección civil.

“Los ciudadanos están dándose cuenta de lo que está pasando”, celebra la abogada. “Están luchando y eso para mí es poderoso, porque están contando sus historias y sus experiencias con las redes sociales”, opina, y marca el año 2026 como el punto de inflexión en este ámbito, “una rendición de cuentas” a estas plataformas cuya influencia sobre la legislación “no siempre llega a los ciudadanos”.