caza y pesca

Agravio comparativo de Medio Ambiente contra el sector cinegético en Navarra

Los cazadores sufren una situación perversa frente a otros aprovechamientos forestales carentes de restricciones

22.11.2020 | 01:20
Concentración a favor de la caza en Pamplona el pasado mes de abril.

La caza es un recurso forestal más que, como los demás, posee un aprovechamiento económico, igual que lo tiene el agrícola o el ganadero. Sin embargo, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, está dando la espalda al colectivo cinegético, al que somete a un agravio comparativo que lo deja en una situación muy desfavorable.

A día de hoy, a un agricultor que, por ejemplo, vive en Arnedo (La Rioja) pero tiene una finca en Corella no se le cuestiona su arrendamiento, como tampoco el de los pastos comunales de un ganadero, que, igualmente, puede cruzar las fronteras interautonómicas sin requerir de ningún tipo de habilitación. En cambio, a los cazadores se les impide esa libertad de movimiento, pese a que una tarjeta de un coto de caza representa un derecho para utilizar un aprovechamiento forestal y, por tanto, con el pago de esa tarjeta se está obteniendo un beneficio económico. Tesitura análoga es la que experimenta un maderista, que también está haciendo uso de un aprovechamiento forestal, pero que, en su caso, no ha recibido la prohibición de cruzar desde otra comunidad para ejercer el derecho que ha pagado en los montes de Navarra.

Administrativamente, los consistorios emiten una tarjeta que acredita que unos determinados cazadores han pagado por el derecho del aprovechamiento de un coto. No obstante, no ese derecho viene acompañado de una responsabilidad. Y se está dando ya en Navarra la paradoja de que hay cotos que sufren daños en la agricultura por especies cinegéticas y que, ahora mismo, no tienen capacidad para hacerles frente, debido a que buena parte de las cuadrillas que habitualmente actúan en él proceden de provincias limítrofes. Por tanto, su acción es ineficaz en el control de las poblaciones. Pero, pese a esa realidad, el agricultor puede reclamar a la sociedad de cazadores los daños y perjuicios, con lo que se está dando una situación perversa.

La Federación Navarra de Caza (FNC) ya ha puesto esta coyuntura tan desfavorable para el colectivo en conocimiento del Servicio Forestal y Cinegético del Ejecutivo foral, que ha preferido no emitir ninguna respuesta y guardar silencio. Como se recuerda, tanto el aprovechamiento forestal como el ganadero o el agrícola lo gestiona en Navarra el mismo departamento, pero hasta ahora ha preferido mirar para otro lado. Y ya ahondando en el Servicio Forestal y Cinegético, mientras en los aprovechamientos forestales no se establece ningún tipo de cortapisa, para los cinegéticos sí que se limita la movilidad de los cazadores. Por lo que el agravio comparativo es mayúsculo.

consulta Así lo denuncia la FNC, que también se ha puesto en contacto esta semana con el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, para trasladarle la consulta sobre si una entidad local está en su derecho de emitir un certificado que permita la movilidad de los cazadores, habida cuenta de la relación cuasi laboral que existe entre los ayuntamientos y las sociedades de cazadores. En este sentido, desde la dirección general de Presidencia y Gobierno Abierto se ha indicado que trasladarían la duda al Departamento de Salud, para que sea el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra el que lo valore.

Burocracia aparte, está claro que el aprovechamiento cinegético posee dos claros beneficios para las entidades locales: el recurso económico que genera en las arcas municipales y el interés público, ya que los cazadores están quitando a los consistorios problemas que tienen un coste económico (control de poblaciones para que no haya siniestros en las carreteras y se minimicen los daños en la agricultora, amén de toda la labor administrativa en la tramitación de expedientes y autorizaciones). Y la entidad local paga esos servicios otorgándoles el derecho a la caza en el coto, es decir, un usufructo de un bien y, por lo tanto, un derecho que ahora mismo no se está respetando, mientras que, para otros tipos de aprovechamientos en los mismos montes, no está habiendo ninguna restricción.

Esta situación tan perjudicial para cazadores, entidades locales y medio ambiente no ha sido obviada por los gobiernos autonómicos limítrofes a Navarra. País Vasco, Aragón o La Rioja han aprobado normas que no coartan la libertad de movimientos de los actores del sector cinegético. En los dos primeros casos, los ejecutivos regionales han autorizado que los cazadores se puedan mover con entera libertad en todas las provincias de sus territorios, pese a que se hayan impuesto cierres perimetrales. Y en La Rioja se ha permitido que los cazadores de Logroño y Arnedo, dos localidades confinadas, puedan salir para ejercer su labor en el control de las especies, en la vigilancia de enfermedades animales, en la mitigación de los daños en la agricultura, en la reducción de los accidentes de tráfico€ El Gobierno de Navarra, en cambio, continúa impertérrito.