No es justicia, es venganza

En 1973, Shujaa Graham, nacido y criado entre racismo y segregación en Louisiana, fue acusado de matar a un guardia de la prisión Deuel Vocational de California, donde cumplía condena, mientras formaba parte de un movimiento carcelario que denunciaba la precariedad de las instalaciones. Le condenaron a la pena capital y pasó seis años en el corredor de la muerte de San Quintín. En 1979, la Corte Suprema de California anuló su sentencia porque el fiscal de distrito había excluido del jurado a todos los afroamericanos a propósito. Y en 1981, fue declarado inocente y liberado. Desde entonces, es un activista que lucha contra el derecho que algunos Estados de EEUU y países de distintos puntos del planeta se adjudican de decidir a quién matar.

La fotógrafa documental Sofía Moro comenzó a investigar en torno a este tema hacia 2007. Casi diez años después, en 2018, publicó el libro¿Quién merece morir?, en el que reúne casos de condenados a muerte, muchos de ellos exonerados años o décadas más tarde, de cinco países: Estados Unidos, Irán, Bielorrusia, Malawi y Japón. Una selección de ellos se despliega hasta el próximo 31 de marzo en el patio del Palacio del Condestable de Pamplona como parte de la 10ª edición de las Jornadas de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra.

Como recuerda la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral,Ana Ollo, esta programación, subtitulada Una mirada desde las artes, emplea distintas disciplinas artísticas (fotografía, música, artes escénicas) “para profundizar en las políticas de memoria, convivencia y paz en las que trabajando”, y más aun en un momento convulso como el actual, en el que “el mundo nos interpela” para seguir desarrollándolas. En cuanto a la exposición, Ollo subraya que se trata de “un alegato contra la pena de muerte” y anima a la ciudadanía a acercarse a verla, “a quedarse delante de las fotografías y observar con detalle esos rostros, esas miradas de dolor y sufrimiento” de hombres y mujeres a las que se intentó usurpar “el principal de los derechos humanos: el derecho a la vida”. “Desde el Gobierno de Navarra estamos en contra, por supuesto, de cualquier legislación que permita ejecutar a personas”, afirma. Y agrega: “Porque no solo es una persona a la que se le quita la vida, sino que ese padecimiento se traslada a todo su entorno”.

Enfocar para entender

Por su parte,Sofía Moro cuenta que comenzó este proyecto “para intentar entender qué pasa cuando a alguien se le condena a muerte”. “Muchas veces, cuando doy charlas en institutos, algunos chavales me dicen que si asesinaran a su madre, querrían matar al causante de esa muerte”. Entonces, Moro replica que cuando examinas de cerca la pena de muerte y “cómo se aplica”, te das cuenta de que “no tiene tanto que ver con la justicia como con la venganza”. Y de esto se deriva “el peligro que tiene darle a un gobierno la posibilidad de decidir quién merece morir y quién no”.

Y es que, lejos de lo que cabría esperar, son países del conocido como primer mundo, “aquellos que consideramos civilizados”, los que defienden a ultranza esta práctica. Como EEUU, donde es legal en 31 de los 50 Estados y se ha ejecutado a 1.318 personas desde 1992, usando distintos métodos como la horca, la inyección letal, la silla eléctrica o el fusilamiento. O Japón, país en el que no se informa a los presos de la fecha en que se va a materializar su condena. Se les dice la misma mañana. Desde 1992 se ha aplicado la pena de muerte –por ahorcamiento– en 115 casos. 

También están las “dictaduras férreas” como la de Lukashenko en Bielorrusia, el único país de Europa que la mantiene vigente y que en las dos últimas décadas ha fusilado a 293 personas.

Y los países pobres de solemnidad como Malawi, donde se condenaba a muerte por asesinato, pero también por robo o allanamiento de morada, pero que desde 1992 no aplica la pena capital y que en 2021 la declaró inconstitucional gracias, en gran medida, al proyecto impulsado por la abogada estadounidense Barbara Babcock, que desde 2007, y con ayuda de sus estudiantes de Derecho, ha prestado asistencia legal a centenares de presos, logrando exonerar a más de 250. “La de Malawi es una historia maravillosa porque muestra cómo un equipo internacional de profesores, abogados y activistas consiguieron cambiar la legislación y que se volviera a juzgar a todas las personas que estaban en el corredor”, indica Moro.

Por último, la dictadura teocrática deIrán, que contempla la condena a muerte para 130 delitos, desde el asesinato o la violación hasta las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la apostasía o las declaraciones políticas contra el régimen. Desde 2002, han sido más de 6.000 las/os ciudadanas/os quienes han sido asesinadas/os por fusilamiento, lapidación y ahorcamiento (antes por decapitación o por lanzamiento desde un precipicio).

"Ninguna persona merece ser ejecutada"

El trabajo de Sofía Moro habla de todo esto y pone rostro a personas que fueron liberadas porque se demostró su inocencia, por mala praxis policial o jurídica o porque no se pudo demostrar su implicación en el crimen.

En lo que a la pena de muerte se refiere, no importa que sean inocentes o culpables, ya que “ninguna persona merece ser ejecutada”. “Es una medida inhumana y aplicarla es ir directamente contra la Declaración de los Derechos Humanos”, añade la fotógrafa, que en esta propuesta recoge también los testimonios de familiares, verdugos, guardias, jueces... Muchas de estas personas se han arrepentido, “se han dado cuenta de que esta pena no es disuasoria en absoluto”, y han sufrido las consecuencias profesionales y personales. Con palabras e imágenes, “y con la mayor seriedad y profundidad”, ha tejido este alegato que espera interpelar al público “y que se dé cuenta de que el mundo sería mejor sin la pena de muerte”.