La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno progresista en esta legislatura acaba de incorporar una novedad que puede beneficiar notablemente a los trabajadores que se acojan a esta novedosa fórmula publicada el día 17 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entró en vigor el jueves 18.

Este cambio normativo afectará a los trabajadores y trabajadoras que aplacen de forma voluntaria su jubilación más allá de la edad legal establecida y que podrán ser compensados económicamente por esa decisión.

Actualmente la edad de jubilación está establecida en los 65 años durante todo el año 2023 para quienes hayan cotizado 37 años y 9 meses o más. Si no es así la edad es de 66 años y 4 meses, que irán aumentando dos meses al año hasta 2027. Pero a partir de ese 2027 se exigirán al menos 38 años y 6 meses. En caso contrario el trabajador deberá esperar para jubilarse hasta los 67 años o sufrir una penalización por la jubilación anticipada variable en función de los meses que le falten para la edad reglamentaria de la jubilación.

Las ventajas que acaban de entrar en vigor podrán combinar los dos tipos de incentivos que abona la Seguridad Social por el retraso voluntario de la jubilación.

Estos dos incentivos ya fueron establecidos (aunque no se había regulado) en la reforma de las pensiones pactada en julio 2021 entre el Gobierno y los agentes sociales, y consisten en un aumento del 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente o una cantidad fija que se abona en un pago único. Hasta el día 17 sólo se podía elegir una de estas dos opciones.

Pero ahora, al regularse la jubilación demorada, la Seguridad Social contempla la posibilidad de combinar ambos incentivos y podrá aplicarse un incremento porcentual de la pensión por cada año de retraso y se cobrará también un pago único por el tiempo total demorado. El incentivo combinado será de aplicación a quienes retrasen su jubilación entre 2 y 10 años, e implicará un incremento de la pensión del 2 % por cada año de aplazamiento y un pago único equivalente a la mitad del que correspondería con la fórmula actual del pago único.

En este sentido, uno de los supuestos más beneficiosos para el futuro jubilado se daría en el supuesto de atrasar 10 años su retiro, cuando recibiría una bonificación del 20% de su prestación y un cheque en efectivo de hasta 6.000 euros por cada año de retiro demorado.

De esta forma, si la jubilación se retrasa 11 años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a 5 años del periodo demorado y un incremento del 2 % de la pensión por cada año de retraso.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justificó esta novedad en que "hay muchas personas que tienen mucha salud, expectativas de vida de seguir activas y hay que darles incentivos para prolongar su vida laboral, si así lo desean".

Según datos de la propia Seguridad Social, las jubilaciones demoradas llegaron el pasado año 2022 hasta el 5,4%, mientras que en lo que va de 2023 ascienden al 7,8%. Las estadísticas oficiales también señalan que la edad real efectiva es de 64,8 años y que cada vez se va demorando más la jubilación demorada por intereses económicos o bien por la falta de años cotizados.