España tiene uno de los precios del agua más baratos de Europa (sólo en Eslovenia, Chipre, Italia, Bulgaria, Rumanía y
Grecia cuesta menos) y un consumo relativamente eficiente, pero la situación está empezando a cambiar.
Los precios medios se han visto encarecidos por las altas temperaturas del final del verano y el empeoramiento de la sequía en gran parte de España. Un mes de octubre con temperaturas inusualmente altas ha obligado a varias ciudades a anunciar importantes subidas de los precios del agua que amenazan con que el país escale en este ranking de precios de agua para consumo.
Barcelona, Sevilla, Málaga, Salamanca, Zaragoza, Valencia o Toledo son grandes ayuntamientos que han propuesto importantes incrementos del precio (entre un 8% y un 30%) pero son muchos más los municipios que apuestan por subidas de tarifas a diferentes escalas que todavía no han cuantificado.
La falta de lluvias por la sequía, el aumento de los costes salariales y de mantenimiento de las infraestructuras, el incremento de costos generales, los precios de la energía y la dificultad de encontrar nuevos acuíferos o vías de suministro están detrás de estas subidas.
Sólo un otoño y un invierno de notables precipitaciones que llene los embalses y los acuíferos subterráneos podría poner fin a esta escalada de precios que contemplan ya numerosas localidades.
En España, el precio del agua varía entre las diferentes Comunidades Autónomas debido a la descentralización de la gestión del agua. La regulación del precio del agua está en manos de las autoridades locales y regionales, lo que significa que cada comunidad autónoma puede establecer sus propias tarifas y regulaciones en relación al suministro y tratamiento del agua.
El marco legal y regulatorio que rige el precio del agua se basa en la Ley de Aguas de 1985, que establece los principios generales para la gestión y uso sostenible del agua en España. Sin embargo, la implementación de esta ley y la regulación de los precios del agua son competencia de las Comunidades Autónomas y los municipios, lo que ha llevado a diferencias en las tarifas y regulaciones en todo el país.
Un estudio comparativo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en julio sobre el coste de la factura del agua en 54 ciudades revela las grandes diferencias tarifarias entre ciudades. Así, para un consumo anual de 175 m3 de agua, que equivale al de un hogar medio de tres o cuatro personas, el importe oscila entre los 164 euros que pagan los vecinos de Guadalajara y los 520 euros que pagan los de Barcelona.
Junto con Barcelona, que encabeza la lista de ciudades con el agua más cara, destacan por el alto coste de su recibo del agua, superior a los 400 euros al año, Murcia, Alicante, Palma, Huelva, Lérida, Tarragona y Cádiz. Un importe que duplica el que pagan los vecinos de Guadalajara, Palencia u Orense.
Las diferencias de precio se explican por unos sistemas tarifarios para el suministro de agua muy complejos, y es que las tarifas del agua suelen tener en cuenta factores como los costos de captación, tratamiento y distribución del agua, así como los gastos de mantenimiento de las infraestructuras y la inversión en nuevas instalaciones. Además, otros factores como la densidad de población, la disponibilidad de recursos hídricos y la eficiencia en la gestión del agua también pueden influir en el precio final.
