García Macua declarará en el juicio contra el empresario Jabyer Fernández

BILBAO. El titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil, Marcos Bermúnez, ha decidido que el expresidente del Athletic, Fernando García Macua, declare como testigo en el juicio civil que se sigue contra el empresario Jabyer Fernández por su presunta responsabilidad en la insolvencia de Iurbenor y el fracaso de la operación urbanística 'Puerta de Bilbao'. García Macua era el abogado y secretario del consejo de Iurbenor, así como el letrado de Fernández en materia fiscal.

Este proceso civil, sobre el que tendrá que fijarse fecha de juicio, sólo podría tener consecuencias patrimoniales para Jabyer Fernández y sus dos hermanos, Susana y Antonio, ya que la causa penal, en la que está imputado Macua, se sigue en otro juzgado.

En la vista preliminar que se ha celebrado este martes, en la que no han comparecido ni Fernández ni sus hermanos, el juez ha fijado las pruebas testificales y documentales que admite de cara a la celebración del juicio, además de establecer los hechos relevantes que se juzgan.

En concreto, además de García Macua, el juez Bermúdez ha admitido el interrogatorio de Susana y Antonio Fernández, de la gerente de Residere, del administrador concursal de Fonorte y de una directiva del grupo Afer.

Los demandantes (administrador concursal, Fiscalía y Diputación vizcaina) han detallado los delitos que imputan: "irregularidad contable sustancial" porque la contabilidad mostraba unas cuentas "genéricas sin desglosar"; "inexactitud grave" en la memoria, el inventario y la lista de acreedores; alzamiento de bienes de Iurbenor que, a su juicio, ha supuesto la "descapitalización" de la sociedad y la "simulación" de una acción patrimonial "ficticia".

Por su parte, las defensas de Jabyer, Susana y Antonio Fernández, así como del grupo AFER y de la compañía Residere han rechazado las acusaciones.

INFORME FISCAL

Según el informe del Ministerio Fiscal, los hechos juzgados se remontan al 27 de enero de 2009, cuando, debido a la burbuja inmobiliaria y la crisis, Iurbenor tuvo que vender los terrenos de Sefanitro, en el barrio baracaldés de Lutxana, a dos filiales de Caixa y BBK por 359,6 millones de euros. De ese montante, 297 millones fueron retenidos por los compradores para cancelar las hipotecas asumidas con las entidades bancarias, lo que dejó un remanente de 64 millones.

A su vez, de esta cantidad, se transfieren 62 millones, de los que, según el administrador concursal, 12,5 millones se dirigen al pago de deudas a terceros; 16 millones al abono de deudas con entidades vinculadas a Iurbenor; 8,5 millones a la compra-venta de acciones de Habidite y 36,8 millones al contrato de asistencia financiera con la agencia inmobiliaria Residere.

En la jornada de este martes, el letrado de la administración concursal y el fiscal han mantenido la petición de culpabilidad para Fernández por los cuatro presuntos delitos que se le imputan. Asimismo, acusan a los hermanos Susana y Antonio Fernández de ser cómplices subsidiarios, así como al grupo AFER de ser, junto a los anteriores, "administradores de hecho" de Iurbenor.

Por su parte, el abogado de la Diputación Foral de Bizkaia, que reclama a Fernández 43 millones de euros en concepto de IVA, ha acusado al empresario de actuar de manera "fraudulenta" en las operaciones de Residere y Habidite, así como en la venta de acciones.

DEFENSA DE FERNANDEZ

La abogada del empresario, sin embargo, ha rechazado que la insolvencia de Iurbenor se "agravase o generase" por Fernández, sino que, a su entender, existía una "insolvencia previa" que impedía atender toda la deuda de 43 millones con Hacienda, por lo que era necesario un aplazamiento.

Además, ha señalado que Residere asistió financieramente a Iurbenor, y que esta inmobiliaria era "solvente" y sus activos constituían "garantía suficiente para devolver el dinero prestado, que iba destinado a cubrir necesidades imperiosas".

Asimismo, ha justificado como "procedente" la compra de acciones de Habidite, porque era un proyecto sustentado en un convenio firmado con la Diputación vizcaína y garantizaba a Iurbenor recuperar las inversiones.

La defensa de Fernández ha negado también que hubiera irregularidades contables ni inexactitudes documentales, ya que la contabilidad de Iurbenor estuvo "secuestrada" desde julio hasta noviembre de 2009 y se impidió a su defendido, como administrador único, tener acceso a la misma.

El abogado de Susana y Antonio Fernández, así como del grupo AFER ha rechazado que sus defendidos y Jabyer Fernández formasen "voluntad común" para dirigir Iurbenor ni que interviniesen en nombre de esta compañía, como ha afirmado el letrado del administrador concursal.

El letrado de Residere, por su parte, ha afirmado que había "activos suficientes", por lo que "no ha habido descapitalización para agravar la insolvencia de Iurbenor".