pamplona. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha multiplicado por cuatro el abono de prestaciones desde que comenzara la crisis: si en 2007 se concedieron 5,2 millones de euros a trabajadores que solicitaron salarios e indemnizaciones por declararse su empresa insolvente o en concurso de acreedores, tres años más tarde esa cantidad ascendió a 21,6 millones.
El máximo responsable de este organismo autónomo en Navarra, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Carlos Luri, indicó ayer que actualmente un trabajador tiene que esperar una media de cinco meses desde el momento en que presenta el expediente hasta que se concede. "Antes de la crisis económica, se resolvían inmediatamente los expedientes; pero debido al incremento exponencial de los casos y al número limitado de trabajadores que tiene el Fondo se ha producido un retraso en las resoluciones", indicó Carlos Luri.
El año pasado cerraron el ejercicio con 2.063 expedientes resueltos, que supusieron el cobro de 21,6 millones por parte de los empleados afectados en la comunidad. La cifra de expedientes aprobados fue la mayor registrada por el Fogasa desde que comenzara la crisis económica. Sin embargo, como incidió Luri, los documentos presentados por los trabajadores llegaron a los 2.299, es decir, que "hubo 236 expedientes que se tuvieron que resolver en 2011", contó Luri.
El aumento de trabajo ha conllevado que durante los últimos años se cubran tres plazas de funcionario asignadas al Fondo, que antes de la crisis estaban vacantes. "Antes de esta coyuntura, la plantilla la componíamos cuatro personas y resolvíamos unos 500 expedientes al año; pero ahora estamos siete. Aunque con el actual volumen de actividad -2.200 anuales- necesitaríamos dos personas más", explicó Carlos Luri. En lo que va de año ya han resuelto 1.839 expedientes -a 31 de agosto-. "El 99% de estos documentos son aprobados", remarcó. Sin embargo, Luri también resaltó que gracias a la "efectividad" de su actual plantilla y a la mejora del programa informático "se pueden resolver los expedientes al ritmo que lo estamos haciendo actualmente".
las funciones Principalmente el Fogasa abona el salario, la indemnización o ambos conceptos a trabajadores cuyas empresas han sido declaradas insolventes por el Juzgado de lo Social o se encuentran en un proceso concursal en el Juzgado de lo Mercantil. Sin embargo, el Fogasa una vez que abona las prestaciones a los afectados, intenta recuperar ese dinero a través de la empresa en cuestión.
"El hecho de que el Fondo se haga cargo de los salarios e indemnizaciones de los empleados no significa que las empresas no deban ese dinero. El Fogasa se subroga en la posición del trabajador e intenta cobrar las deudas a la empresa", explicó Luri. Por ese concepto, el año pasado, el Fogasa recuperó 1,28 millones de los 21,6 que había destinado a las prestaciones aprobadas. De la cantidad recobrada, la mayor parte proviene de los procedimientos concursales -casi un 98%- y una minúscula, del Juzgado de lo Social -el 2% restante-. "Dentro de la mala situación económica de la empresa, es normal que se reponga más dinero de las organizaciones que se encuentran en un proceso concursal, ya que su viabilidad es mayor", indicó.
otras tareas Pero, el Fondo también desempeña otras funciones, como la de pagar el 40% de las indemnizaciones de 20 días por año a fondo perdido de los trabajadores de empresas de menos de 25 empleados, sin tener que haber sido declarada insolvente. En este caso, "el Fogasa cubre el 40% de la cantidad -con un tope máximo de 10.903,28 euros- a los trabajadores o a la empresa, si esta demuestra que ha abonado anteriormente toda la indemnización", dijo Luri.
Además, el Fogasa también debe hacer frente a labores jurídicas: por un lado, a casos impugnados por trabajadores contra el propio Fondo al no estar de acuerdo con la resolución que hayan realizado de su expediente -el año pasado se produjeron 12 juicios por este motivo-; y por otro, tanto el Juzgado de lo Social como el Mercantil trasladan al Fogasa casos de empresas reclamadas por los trabajadores para analizarlos y acudir a los juicios si se creyera conveniente: para ello el Fondo dispone de dos abogados en su plantilla. De esta forma, el año pasado recibieron 577 casos, y los letrados acudieron a 90 juicios del Juzgado de lo Social y a 70 del Juzgado de lo Mercantil.
