La Hacienda Foral apenas da información sobre la cifra que efectivamente recauda de la lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, a finales del año pasado reconoció tener casi cobrada una enorme deuda proveniente de un gran fraude sobre el IVA cometido por una empresa con implantación en Navarra.

El consejero del departamento, José Luis Arasti, reconocía en respuesta a una pregunta escrita formulada por el parlamentario Adolfo Araiz (EH Bildu) que a 21 de octubre de 2025 la Hacienda Foral había ingresado 90.034.526 € provenientes de un único expediente, del que a esa fecha todavía quedaban por cobrar 643.886 €.

Hacienda localizó este fraude durante el ejercicio de 2023, dentro de las actividades de gestión, es decir, dentro de la revisión ordinaria de las declaraciones de los diferentes impuestos. Aquel año, el área de gestión realizó 4.485 actuaciones solo con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Solo una de ellas tuvo el impacto de más de 90 millones de euros, atribuible a una gran empresa que opera en Navarra. No hay muchas que puedan tener tanto que pagar por IVA, así que es una de las realmente grandes.

La cifra desvirtuó totalmente lo detectado aquel año por fraude fiscal. 2023 es el año, dentro de la línea histórica –que se remonta a 2011– con más millones aflorados de la lucha contra el fraude: 259, de los que 90 es la actuación ya mencionada.

Un delito de 51 millones de euros

Del mismo ejercicio proviene otra de las grandes actuaciones. El área de inspección realizó aquel año tres actuaciones por responsabilidad civil después de delitos contra la Hacienda Pública. Uno de ellos, por un montante total de 51.231.065 euros. Este expediente, según el consejero, está en los tribunales a la espera de una sentencia en firme que, en octubre del año pasado, todavía no había llegado. Por lo tanto, la Hacienda Foral todavía no ha ingresado un euro por esto.

Este tipo de deudas que derivan de la comisión de un delito no pueden someterse a un proceso de derivación de responsabilidades. Es decir, no se puede derivar el pago de la deuda a otras personas que no sean directamente las que hayan cometido el delito, aunque el departamento informa de que la sentencia sobre el caso –la que todavía no es firme– sí señala la existencia de varios responsables solidarios del pago de la misma.