olazagutía. En el plazo de semanas, antes de junio, se decidirá cuáles son las dos plantas que el Grupo Portland Valderrivas cerrará temporalmente, según adelantó ayer Javier Lecumberri, presidente del comité de la fábrica de Olazagutía. De las cuatro del norte será una: Venta de Baños, en Palencia; Mataporquera, en Cantabria; Lemoa, en Bizkaia o la planta navarra. "Estamos francamente preocupados por nuestro futuro", señaló el delegado de UGT, sindicato mayoritario en la empresa con cuatro miembros. Otros tres son de ELA y dos de CCOO.

Así, Lecumberri defendió la valorización energética y censuró "la ignorancia en unos casos y en otros mala fe" sobre las "supuestas consecuencias físicas y medioambientales" que acarrearía este proyecto. Ayer lo conoció in situ la comisión de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra, que se reunió con la dirección y el comité. También visitó las instalaciones.

no garantiza, pero ayuda Lecumberri afirmó que la quema de residuos no "garantiza la continuidad" de la fábrica, pero dijo que permitiría ser más optimistas teniendo en cuenta su situación geográfica, que cuenta "con dos hornos y una cantera de calidad". "Queremos estar en la misma línea de salida que el resto". Recordó que en Lemoa, su principal competidora, se valoriza el 60% y que Bildu, que gobierna en este municipio vizcaíno "no ha puesto problemas". Asimismo, incidió en que "valorización no es incineración", negando que se vayan a quemar basuras. "Supondría intoxicar toda la línea de producción", observó al tiempo que destacó que la valorización supone "mejoras ambientales y menos emisiones contaminantes".

UPN, PSN y NaBai volvieron a mostrar ayer su apoyo a la valorización en la cementera, aunque desde la coalición, Manu Ayerdi, adelantó que "velaremos por que la AAI se cumpla a rajatabla". Por parte de Bildu, Bikendi Barea señaló que "valorizar es peor que incinerar" y criticó "juicios de valor que no compartimos", solicitando "respeto" a la ciudadanía de Sakana y a la "parte institucional mayoritaria de la zona y limítrofe". "Aunque se ponga en duda, no queremos que se destruya empleo, pero priorizamos los intereses de los ciudadanos por encima de una multinacional, más aún cuando existen informes apabullantes que, cuando menos, ponen en duda, si no ligan directamente, la incidencia de las incineradoras a las afecciones de cáncer que se detectan en sus áreas de influencia", afirmó Bikendi Barea. Por otro lado, señaló que "históricamente la izquierda abertzale siempre se ha opuesto. Pero hace ocho meses heredamos una situación que estamos intentado gestionar". La visita de los parlamentarios fue recibida por una concentración de personas en el exterior, unas 80, según 3Mugak Batera, que exigieron la paralización del proyecto.

más RESIDUOS En esta cuenta atrás, la empresa Cementos Portland Valderrivas presentó a principios de abril al Gobierno de Navarra una propuesta de Estudio de Impacto Ambiental sobre nuevos combustibles de sustitución al coque de petróleo al tiempo que solicitó el inicio de un procedimiento de consultas previas antes de su elaboración definitiva. "Queremos garantizar la publicidad y transparencia de la documentación presentada", señalaron desde la cementera.

"Con ello se da participación e intervención institucional a la Mancomunidad de Sakana, ayuntamientos de la zona, sindicatos, empresarios, Federación Navarra de Municipios y Concejos, Confederación Hidrográfica del Ebro, diversos grupos ecologistas, Universidad de Navarra y UPNA, principalmente", apuntaron.

qué son los cdr Los materiales no reciclables con destino a vertedero cuya autorización como combustible prevé solicitar son CDR (combustible derivado de residuos), que son fracción resto o rechazo de las plantas de tratamiento o recuperación de papel, cartón y plástico ligero; restos triturados de neumáticos y fracción ligera de la fragmentación de vehículos fuera de uso así como materiales procedentes de la producción y transformación de pasta de papel y cartón. El Estudio de Impacto Ambiental también contiene un resumen del proyecto, con la descripción de la instalación necesaria, inversión que se estima entre tres y cinco millones de euros.

El estudio definitivo se incorporará a la documentación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que Portland solicitará "para adecuarse a la realidad competitiva del sector y del grupo". La AAI actual se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Olazagutía.