Davalor Salud, en concurso de acreedores

PAMPLONA. La titular del juzgado de lo mercantil de Pamplona decretó el pasado 3 de julio el concurso de acreedores para Davalor Salud, empresa dedicada a fabricar maquinaria para la exploración, diagnóstico y terapia de la vista. La sociedad pública Sodena ha prestado a Davalor Salud cerca de 2,65 millones de euros.

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha señalado que "habrá que ver cómo se resuelve" el concurso de acreedores de la empresa, y ha señalado que se trata de "una situación procedimental para una empresa dentro del derecho mercantil que tendrá que resolver la propia empresa".

El consejero ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "si se ven comprometidos los créditos que Davalor tiene con el Gobierno, habrá que ver las garantías con las que se han prestado y mucho más no podemos decir, habrá que ver cómo se resuelve el concurso".

UPN ha exigido este jueves la dimisión del vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, tras el concurso de acreedores, porque "ha quedado al descubierto la ruina de la empresa".

La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, señaló que "sí hay un riesgo" en los fondos aportados a Davalor Salud, pero es el mismo que en todas las actuaciones que financia Sodena, y aseguró que la sociedad pública está "minimizando" ese riesgo. Remarcó la "difícil situación financiera" en la que suelen encontrarse las entidades que requieren de los préstamos. Pero aseguró que Sodena está "gestionando y minimizando" este riesgo.

Subrayó que la concesión del primer préstamo fue "excepcional" porque no se cumplió el procedimiento habitual, debido a que se realizó a instancias del Gobierno foral y no de la Gerencia, y porque el informe económico no fue realizado por Sodena sino por Desarrollo Económico. Garantizó que "en todo lo demás" se ha respetado el procedimiento, y añadió que Sodena está realizando "un seguimiento de la inversión".

Las máquinas que comercializa Davalor incluyen un sistema de evaluación de la vista, denominado EVA, que funciona de modo autónomo y conectado a las bases de datos de la empresa. Mediante imágenes dinámicas y videojuegos en "un 3D verdadero" estimula ojos y cerebro y mide las respuestas según 75 parámetros clínicos. El objetivo de Davalor es comercializar la máquina mediante renting en ópticas, de tal manera que se acerca al máximo al cliente. El examen es mucho más rápido que el convencional, de apenas cinco minutos, y barato (25 euros por sesión). Los datos recogidos en la exploración son validados de forma remota y firmados por un optometrista. El diagnóstico y el informe se hacen llegar al usuario mediante un portal de internet.

"El objetivo es instalar unas 1.000 máquinas en 2016, dar el salto a Europa en 2017 y llegar en 2018 a Estados Unidos y Asia. "Solo en Europa hay 125.000 ópticas", preveían desde la empresa en 2015, que calculaba en 1.000 millones de euros el negocio máximo en el sector de función visual en Europa. "Toda la población de más de seis años, 473 millones de personas en el continente, es cliente potencial", explicaban. Se estima que el 50% de la población padece alguna disfunción visual y en un 10% de los casos se trata de problemas graves. Con un producto desarrollado en las oficinas centrales de Tajonar, la fabricación fue encomendada a Jofemar de Peralta, que emplea módulos ópticos desarrollados en Alemania.

El proyecto es "altamente innovador", explicaba Manu Ayerdi, vicepresidente del Gobierno, que destacaba su "importante capacidad de generación de empleo cualificado" en un área que "además encaja con uno de los sectores estratégicos para el Ejecutivo como es el de la salud". El proyecto fue calificado como de interés foral.

LA OPOSICIÓN CUESTIONA A AYERDI Los grupos parlamentarios de la oposición cuestionan la actuación del Gobierno de Navarra, y en concreto UPN y PPN exigen la dimisión del vicepresidente económico, Manu Ayerdi.

Los regionalistas consideran que "concurren motivos sobrados para que el consejero que adoptó la 'decisión atípica' de ayudar a esta concreta empresa con dinero de todos asuma la responsabilidad y dimita".

Al respecto señalan en un comunicado que el vicepresidente "unió su futuro al de esta empresa privada desde el momento en que comprometió dinero público prescindiendo de todo procedimiento".

"Estamos ante un escándalo económico y político", subrayan para remarcar a continuación que "la empresa a la que el Gobierno ha comprometido préstamos y avales de manera continuada ni tan siquiera había formulado las cuentas correspondientes al ejercicio de 2016 como es su obligación legal. Sus últimas cuentas registradas corresponden al año 2015".

Además remarcan que "se observa una situación desastrosa con pérdidas anuales superiores a 8 millones en 2014 y 2 millones de euros en 2015, impagos a proveedores que triplican el plazo legal de pago o la valoración de activo intangible en la astronómica cifra de 22,5 millones, una cantidad que puede quedar al descubierto en la fase de administración concursal".

Tras indicar que "las últimas cuentas públicas de la empresa conocidas delataban en 2015 un panorama económico insostenible en el que casi todo era humo", añaden que en ese mismo año Ayerdi "decidió de forma personal comprometer un millón de euros del dinero público para otorgar a Davalor un préstamo participativo" y posteriormente, el Gobierno y Sodena han continuado otorgando avales y préstamos.

Además de UPN, el PPN también pide la dimisión del vicepresidente porque, según dice en un comunicado, a pesar de haber sido advertido del "riesgo de invertir en una empresa que no estaba dando los resultados esperados", siguió "inyectando dinero público, actuando con una grave irresponsabilidad".

Los populares han solicitado también su comparecencia para que dé explicaciones sobre sus operaciones con esta empresa, que se ha saldado con un concurso de acreedores.

"Tras ver los resultados que han tenido los préstamos del señor Ayerdi, comprobamos que su 'apuesta personal' por esta empresa ha salido muy cara a los navarros, aseveran los populares, que opinan que el "vicepresidente no ha estado a la altura y que debe dimitir".

Los socialistas, por su parte, tachan de "irresponsable" al Ejecutivo de Uxue Barkos por esta operación "atípica", tal y como reconoció el propio vicepresidente, lo que constataba la "unilateralidad de la decisión y sus defectos de forma".

El PSN indica que han alertado en varias ocasiones del "incumplimiento" de plazos y previsiones, pese a lo que el Gobierno "continuó inyectando importantes cantidades económicas a esta empresa, contando siempre con la crítica del Partido Socialista de Navarra".

"Una vez consumado lo que ya adelantamos, mostramos nuestra enorme preocupación por la más que dudosa posibilidad de retorno de la inversión, un dinero de todos los navarros y navarras", afirman, tras lo que sostienen que se ha actuado "con una irresponsabilidad impropia de un vicepresidente del Gobierno Foral".

Este "trato preferente", que resulta "injusto" con el resto de empresas, deberá ser explicado por el vicepresidente, según el PSN que también ha registrado una solicitud para su comparecencia.