pamplona - La consejera de Función Pública, María José Beaumont, señaló ayer que “no cree” que el Estado lleve al Tribunal Constitucional el acuerdo sobre los fondos adicionales para mejorar los salarios de unos 3.300 empleados públicos, rubricado entre el Gobierno de Navarra y LAB, CCOO y UGT, y refrendado por unanimidad en el Parlamento foral. Manifestó que Navarra aceptó “la invitación” del Estado para abordar esta materia, después de que el Ministerio de Hacienda pusiera en duda el uso de los 3,4 millones. Esta cantidad procede del pacto alcanzado en marzo de 2018 entre el Estado y UGT, CCOO y CSIF sobre materia salarial para las Administraciones. El documento contemplaba la inclusión de unos fondos adicionales del 0,3% de la masa salarial cada año si se cumplían unos requisitos. En Navarra, suponían 10,9 millones para tres años: 3,4 millones en 2018, 3,66 millones en 2019 y 3,82 millones en 2020. La partida de 2018 se destinó a promocionar al personal del nivel E al nivel D y a equiparar el puesto de auxiliar administrativo con el de administrativo. Beaumont confirmó que antes de navidades mantuvo una conversación con el secretario de Estado de Función Pública, el socialista José Antonio Benedicto Iruiñ, al que trasladó que el acuerdo había sido rubricado por la mayoría sindical (se abstuvo ELA) y que había recibido el respaldo de todo el Parlamento (incluido el PSN). La consejera destacó que Benedicto había comprendido los argumentos y que quedó pendiente de fijar una reunión a través de videoconferencia, que todavía no se ha convocado. “Creo que ni se va a realizar”, pronosticó Beaumont, que enmarcó la actuación del Ministerio en una acción rutinaria de los funcionarios “que consultan los acuerdos publicados en los boletines oficiales de las comunidades para comprobar si contienen incompatibilidades con competencias estatales”. La consejera confirmó que el acuerdo de fondos adicionales se está aplicando. - S.Z.E.
