UPN aprobó el gasto de 592 millones para ampliar la 1ª fase del canal con informes técnicos en contra

Advertían de la dificultad de abonar esta cantidad plurianual en 30 años
OHL-Agbar se quedó la obra y explotación con una rebaja del 25%
El proyecto ha tenido un sobrecoste del peaje en sombra de 54 millones

08.02.2020 | 18:34
Acto oficial del inicio de las obras de ampliación de la primera fase del Canal en enero de 2015.

pamplona - UPN aprobó el gasto plurianual de 592 millones de euros para la construcción y la explotación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, a pesar de que había dos informes del Servicio de Presupuestos y Política Financiera y de Intervención que advertían de la dificultad de que los presupuestos de Navarra pudieran afrontar ese gasto en 30 años.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, mencionó ayer esta actuación durante su comparecencia en la comisión sobre Sodena, en una de las respuestas dadas al parlamentario regionalista Luis Sánchez de Muniáin: "La ampliación del Canal de Navarra se aprobó con el informe en contra de Presupuestos", recordó la presidenta tras la insistencia del portavoz de UPN, que puso en cuestión la operación de Davalor por la forma en la que fue tramitada.

El 25 de septiembre de 2013 el Gobierno de UPN emitió una nota de prensa en la que anunciaba que se iba a convocar la licitación de las obras de la zona regable de ampliación de la primera fase del Canal después de que hubiera sido aprobada en sesión de Gobierno aquel día. En ese comunicado se explicaba que el contrato iba "a tener una duración de 30 años con un desembolso máximo de 592 millones, IVA incluido, cifra que probablemente" se rebajaría cuando se conociera la oferta adjudicataria.

El Ejecutivo de UPN continuó con el proyecto de extender el Canal a los ramales del río Ega y Arga, con 15.275 hectáreas, a pesar de que los informes técnicos advirtieron al Ejecutivo de que ese gasto plurianual comprometía las cuentas de la Comunidad. La aprobación del inicio del proyecto se produjo en plena crisis, en la que los ingresos estaban descendiendo y Navarra tenía que afrontar gastos fijos para cumplir con el objetivo del déficit marcado por el Estado, sin la posibilidad de endeudarse. Esta situación complicaba respetar el calendario de pago de la infraestructura mediante la fórmula del peaje en sombra. El Gobierno de UPN planteó abonar el canon a través de aplicar recortes, pero como no los concretó, los técnicos señalaron que no podían emitir un análisis sobre su eficacia. Además, insistieron en que, incluso, independientemente de los 592 millones, la Administración foral tenía que abordar una contención de gasto importante para asegurar su viabilidad ante la crisis económica.

La Mesa de Contratación adjudicó al grupo empresarial OHL-Agbar, con una rebaja del 25%, la construcción de la ampliación de la primera fase del Canal y la explotación de la zona regable durante 30 años; y se desechó la propuesta de Acciona-Iridium, con una disminución del 11,9%. El 21 de mayo de 2014, el entonces consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y presidente de Intia, José Javier Esparza, el presidente-director general de OHL, Rafael Martín de Nicolás, y el director general del Agbar, Albert Martínez, rubricaron el contrato de concesión. Ambas empresas constituyeron la firma Aguas de Navarra para explotar y mantener la zona regable de la ampliación de la primera fase.

El total de 15.275 hectáreas se distribuyeron entre Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y Sesma. Pero, en junio de 2014, el Gobierno de UPN era consciente de que no contaba con la conformidad de las comunidades de regantes del regadío tradicional de Lerín, Cárcar y Peralta, que aglutinaban a unas 3.000 hectáreas. En otoño, Peralta rechazó el proyecto; en Cárcar surgió una plataforma en contra; y en noviembre hubo una reducción de 825 hectáreas en Lerín. Así, seis meses después de la firma del contrato, se produjo una reducción de la zona regable, con un 20% menos de superficie.

En esta legislatura, Desarrollo Rural está trabajando en incorporar nuevas hectáreas, ante el rechazo de esas comunidades de regantes al proyecto de UPN. Esto ha conllevado la modificación de la obra con los retrasos y sobrecostes correspondientes. La actualización del contrato ha supuesto un aumento del peaje en sombra de 54 millones, un 13,99% más.