El Gobierno central reabre el debate sobre el pago para circular por las autovías que ahora son gratuitas

Las declaraciones de los dos ministros se han producido tras publicar este martes El País que el Gobierno baraja la introducción de un posible pago "simbólico" por el uso de las autovías para asegurar su viabilidad.

Las constructoras han calificado esta posible medida de beneficiosa para la economía y la sociedad, mientras que los transportistas y los consumidores han mostrado su rechazo.

Ábalos ha explicado esta mañana, durante una entrevista con Telecinco, que la posibilidad de imponer un pago "simbólico" en las autovías ahora gratuitas es una cuestión a debatir y sobre la que reflexionar, pero que el proceso ni siquiera se ha iniciado.

El titular de Fomento ha recordado que en la pasada legislatura ya se planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre la financiación de la red viaria de alta capacidad, que tiene un coste de 1.100 millones de euros para el erario público, pero que esta no llegó a constituirse.

Desde Sevilla, Montero ha precisado que no hay ninguna propuesta concreta todavía, pero que se analizan fórmulas que "permitan una mayor y mejor conservación de las carreteras".

La patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, ha calificado esta eventual medida de "beneficiosa" tanto para la economía española como para el conjunto de la sociedad.

En declaraciones a la Cadena Ser, el presidente de la patronal, Julián Núñez, ha señalado que esta medida tenía que haberse implementado en España "mucho antes", ya que prácticamente en toda Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad.

Por el contrario, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha mostrado su rechazo ante la posibilidad de imponer un pago "simbólico" porque consideran que el sector del transporte por carretera ya contribuye "suficientemente" al mantenimiento de las infraestructuras a través del impuesto de hidrocarburos.

Además, Fenadismer ha afirmado que el establecimiento de una tasa por el uso de las autovías aumentaría los costes de explotación de la actividad del transporte, lo que afectaría al valor final de los productos, que perderían competitividad en los mercados europeos.

La asociación de consumidores Facua también se ha mostrado contraria a esta eventual medida porque cree que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, considera que pagar por el uso de las autovías perjudicaría a los usuarios con menor poder adquisitivo.

Según El País, el Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la red de autovías del Estado y baraja el pago por uso de estas infraestructuras, aunque el coste para los usuarios sería "simbólico".

El diario ha indicado que esta cantidad sería alrededor de una décima parte de lo que actualmente se paga de media en las autopistas y su recaudación se destinaría a reducir el peaje de las autopistas privadas.

ESTUDIO EN NAVARRA En Navarra, el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, descartó el pasado mes de marzo eliminar los descuentos existentes en la AP-15 (Autopista de Navarra), así como realizar nuevos peajes en sombra en otras carreteras, mientras que no se pronunció sobre la opción de implantar nuevos peajes explícitos en las autovías de la Comunidad Foral o en la N-121-A.

Las tres alternativas están contenidas en un informe de fuentes de financiación para la red de carreteras de Navarra, realizado por la consultora Deloitte, dado a conocer ayer en el Parlamento de Navarra. El citado estudio, expuesto por Ayerdi en una comisión a petición del PSN, propone desarrollar tres alternativas para costear el mantenimiento y conservación de las red viaria de la Comunidad Foral: la implantación de peajes para vehículos ligeros y pesados en la A-10, A-15, A-21, N-121-A y A-12, según la tarifa de equilibrio territorial; nuevas obras en la AP-15, reducción de subvenciones y vender el 50% de lo que el Gobierno tiene en la concesionaria; y poner un nuevo peaje en la sombra para el resto de la red.

El vicepresidente, que incidió en que el informe de Deloitte ofrece "información suficiente para abrir un debate que es absolutamente imprescindible, un debate no sobre las necesidades de nuestra red, sino sobre cómo financiarlas", no se pronunció sobre la conclusión número uno del informe, la referente a la implantación de peajes; mientras que sobre la segunda conclusión, señaló que "no compartimos en absoluto el planteamiento de reducir hasta eliminar los descuentos de la AP-15".

En opinión de Ayerdi, "eso va contra algo de lo que el Gobierno ha insistido a Deloitte, el principio de equilibrio territorial. No puede haber comarcas con peor tratamiento que otras, esto no puede ser", remarcó.

PEAJE EN SOMBRA, MUY CARO El vicepresidente tampoco compartió la conclusión número tres del informe hecho público para un nuevo peaje en la sombra para el resto de la red. "En un peaje en la sombra quien paga es el Gobierno y evidentemente todos sabemos lo caros que nos están saliendo", expuso Ayerdi. Sobre el resto del informe, Manu Ayerdi dijo que "es el informe de Deloitte" y que "tiene la virtualidad de poner un documento encima de la mesa que contribuye al debate parlamentario. El objetivo fundamental de este documento es que sirva para el debate político de los grupos parlamentarios. Conservar la red de carreteras adecuadamente es algo fundamental para el desarrollo económico y para la cohesión social y territorial. Ese reto y esa patata los tenemos aquí entre todos", recalcó. Tras la intervención de los diferentes grupos, el vicepresidente puso de manifiesto que, a la vista de las intervenciones de los portavoces, "a todos nos preocupa el nivel de deterioro que estamos teniendo en los últimos años y que tenemos que atajar" y apostó por "ser capaces de alcanzar un consenso" sobre la financiación necesaria. Asimismo, señaló que "si lo que se pretende es hacer un debate sobre política fiscal" para financiar las carreteras, ese es "otro estudio" en el que, a su juicio, "habría que hacer un estudio global. Por eso, el ámbito de este estudio no era entrar en una reflexión sobre las cuentas", agregó. Además, defendió que "si estamos todos de acuerdo en que la red de carreteras es básica y prioritaria, prioricemos".

TRANSPORTISTAS La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha manifestado este martes su rechazo a la propuesta de implantar un pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, tal y como estudia el Gobierno, y ha advertido de las consecuencias que tendría para el crecimiento de la economía española y, particularmente, de las exportaciones.

En un comunicado, esta organización, que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, ha asegurado que su sector "con la actual fiscalidad que soporta, más de 21.000 millones de euros anuales, ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras españolas".

En todo caso, ha recordado que dos terceras partes de las mercancías españolas vendidas en el extranjero tienen como destino países de la Unión Europea y que principalmente son transportadas por carretera, por lo que un aumento de los costes afectaría a su valor final y provocaría una pérdida de competitividad.

En este sentido, ha abundado que esta medida tendría "como consecuencia inmediata romper con la tendencia de crecimiento positivo continuado de las exportaciones españolas", algo que, a juicio de la organización, resulta "especialmente preocupante en la actual situación de inestabilidad económica que atraviesan los mercados internacionales".

FRANCIA E ITALIA SÓLO COBRAN EN VÍAS PRIVADAS Por otro lado, Fenadismer ha recordado que no es la primera vez que se plantea una generalización de los peajes, pues "anteriores Gobiernos ya habían amenazado con aprobar medidas recaudatorias similares a fin de atender las necesidades de financiación de las empresas constructoras para incrementar su actividad empresarial, como han venido históricamente demandando sin ningún pudor".

Por último, ha señalado que ni Francia ni Italia exigen pago por la utilización de sus carreteras de forma generalizada, a excepción de las autopistas privadas --"Como sucede en España", apunta-- y que tampoco la Unión Europea obliga a sus Estados miembro a establecer un peaje o tasa por el uso de las carreteras.