Las fotovoltaicas conservan su rentabilidad doce años

pamplona - El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley por el que establece la nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) en el 7,09%, frente al 7,39% actual, ofreciendo además mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031, incluido, con el fin de poner fin a la litigiosidad, especialmente por parte de los inversores en los tribunales internacionales. Esta normativa afecta a los 9.665 inversores navarros con instalaciones fotovoltaicas. En el caso de que acepten evitar los tribunales, estos inversores conservan la rentabilidad del 7,39% durante 12 años; en cambio, si optan por continuar pleiteando, el porcentaje desciende al 7,09% para revisar en 6 años.

Las instalaciones solares fotovoltaicas en Navarra suelen ser de 5 y 10 kilovatios (kW). Las primeras tienen un rendimiento bruto de unos 3.500 euros anuales y las segundas, de unos 7.000, según Anpier. De esta forma, si eligen la primera opción propuesta por el Estado conservarán esos ingresos. Anpier valoró de manera positiva el real decreto, ya que “aporta estabilidad a las familias fotovoltaicas españolas porque suman diez años de recortes”.

“recuperar la confianza” La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es “dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de los que se sintieron traicionados en 2013”. En lo que respecta a las instalaciones de renovable, cogeneración y residuos se fija, tal como propuso la CNMC, una rentabilidad razonable para 2020-2025 del 7,09%, aunque en la actualidad es del 7,398% o del 7,503% según la instalación.

El Ministerio consideró que esta retribución plantea además un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.

Además, la normativa actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%. La medida acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los PGE.

El real decreto ley fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad del 7,39% durante los próximos periodos regulatorios hasta 2031. No obstante, para acogerse a ello los inversores deberán renunciar a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, así como a las indemnizaciones que se les pudiera haber reconocido, tanto a nivel nacional, los menos, como internacional. Desde Anpier recordaron que los inversores en España han perdido todos procesos judiciales.

más de 10.000 millones Ribera cifró en 45 laudos los frentes abiertos por inversores contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.

Hasta ahora, el Estado ha recibido diez reveses en los tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas de 821 millones -aunque las reclamaciones ascendían a unos 1.700 millones-. “No se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos, ya que España sigue ejerciendo su defensa”, indicó Ribera. Así, consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados “pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente e incluso invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años”, manifestó.

Con la aprobación de este real decreto, el Ejecutivo da respuesta a la demanda del sector de las renovables, que en los últimos meses había pedido que se fijara la retribución para el siguiente periodo regulatorio antes de que expirara el año ante la incertidumbre. Además, la normativa también incorpora otra medida para reforzar la transición justa, habilitando la posibilidad de que los permisos de acceso a las redes y las concesiones de agua en los territorios afectados por cierres de centrales térmicas se otorguen incorporando criterios sociales, económicos y medioambientales. - S.Z.E./Efe