pamplona - Navarra presupuestó para 2019 beneficios fiscales de casi 40 millones de euros para incentivar las aportaciones a planes de pensiones privados, el principal instrumento de ahorro que oferta la banca con vistas a la jubilación. Se trata de una cifra más o menos constante, a pesar de que las modificaciones fiscales del anterior Gobierno de Navarra limitaron el máximo que era posible desgravarse ante Hacienda por las aportaciones.

En total, en el último quinquenio, Navarra ha destinado unos 200 millones de euros a incentivar un producto de especial éxito en la Comunidad Foral, que presenta el patrimonio medio más elevado por partícipe (14.212 euros) y donde, además, alrededor de 114.000 personas cuenta con un plan de ahorro privado de este estilo. Esto supone el 17,6% de la población total, pero también 3.000 personas menos que hace apenas dos años, por lo que el producto parece mostrar señales de cierto agotamiento.

De hecho, son numerosas las voces que, recalcando la necesidad de ahorrar para poder completar la pensión, cuestionan el trato fiscal favorable de un producto que no ha demostrado una especial rentabilidad. Es el caso del informe que anualmente elabora Pablo Fernández, investigador del IESE-Universidad de Navarra. “Si tienes menos de 50 años preocúpate mucho por tu pensión de la Seguridad Social, porque seguramente será muy pequeña”, dice en referencia a la evolución de la demografía y a la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que estaba prevista para este año y que fue postergado hasta el año 2023. “¿Cuántos contribuyentes por jubilado habrá en 2040, en 2050,?? Algo es seguro: muchos menos que en 1970 y, salvo que aumente mucho la natalidad en España en los próximos años, menos que hoy”, señala Fernández.

Su estudio es en cualquier caso crítico con el modo en que se han gestionado en España los planes de pensiones privados. Y recuerda que “entre los 385 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 6 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 12 la de los bonos del Estado a 15 años. Incluso cuatro fondos tuvieron rentabilidad negativa.

“Cuando un inversor entrega su dinero a una gestora de fondos para que se lo gestione, espera que obtenga una rentabilidad superior a la que puede obtener él sin conocimientos especiales. Y, por ello, está dispuesto a pagar una comisión anual superior al 2% en muchos casos. Sin embargo, los datos indican que pocos gestores se merecen las comisiones que cobran”, explica el estudio que concluye que el resultado global de los fondos no justifica en absoluto la discriminación fiscal a favor”. “En todo caso -señala-, el Estado podría “animar” a invertir en algunos (pocos) fondos de inversión, pero no indiscriminadamente en cualquier fondo de pensiones”. - D.N.