pamplona - El número de trabajadores afectados por un despido colectivo en Navarra, a través de un expediente de regulación de empleo, ha crecido por primera vez desde 2015, según los datos facilitados por el sindicato ELA. Hasta noviembre, las empresas habían extinguido el contrato a 581 empleados en 16 ERE; en cambio, en todo el año 2018 los perjudicados por esta medida ascendió a 231 en diez expedientes. Sin embargo, las razones de este incremento no se achacan a la ralentización de la economía -Navarra continúa creciendo y este año concluirá en el 2,7%- sino por las circunstancias particulares que han rodeado a cada compañía. El aumento de los despidos colectivos en la Comunidad Foral se ha debido principalmente al cierre de varias empresas del sector industrial, con plantillas que oscilaban entre los 68 y 180 trabajadores: Cabelte-Incasa en Egüés, dedicada a la elaboración de cables conductores eléctricos; Kayaba-KSS en Orkoien, fabricante de bombas hidráulicas; SGE, empresa del sector de la automoción que controlaba la calidad de piezas para diferentes compañías; y Apoyos Metálicos de Olazti, productor de estructuras tubulares de acero.

Solo estas cuatro empresas han aglutinado el 72% de las extinciones por ERE este año en la Comunidad Foral. Cabelte alegó varios motivos para la clausura del centro productivo que no de la sede comercial, como la exigencia de devolver 13 millones a proveedores tras la multa de Competencia por pactar precios con otras compañías del sector. La dirección dejó a 68 asalariados en la calle. En el caso de Kayaba_KSS, los movimientos de esta firma años atrás auguraban su final, ya que la dirección no afrontó un plan industrial e inversión para sustituir la bomba hidráulica de las direcciones de los coches por la eléctrica, como reclamaban los sindicatos. El cierre culminará en 2021, pero el grueso de la plantilla va dejando la planta. En agosto KSS sumaba 117 empleados en plantilla, y el expediente afectó a 101. Sin embargo, de inverosímil puede calificarse lo ocurrido a los 180 asalariados de SGE. La dirección presentó un expediente en julio, las presiones del comité lograron que lo retirara y registrara un concurso de acreedores, que acabó en la liquidación del negocio y, consecuentemente, en la extinción de los contratos. Los empleados tuvieron que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus indemnizaciones. Y por último, los operarios de Apoyos Metálicos de Olazti sufrieron la pérdida de sus puestos de trabajo tras “producirse una deslocalización”, como denunció la parte social en el verano.

regresar al mercado laboral Fuentes sindicales consultadas por este periódico indicaban ayer que el crecimiento de la economía, a pesar de la desaceleración, favorece que parte de estos trabajadores despedidos pueda regresar al mercado laboral. Así ha ocurrido con personal de KSS que se ha recolocado en la planta de KAMS en Los Arcos -que pertenece al mismo grupo-, tras el acuerdo al que llegó el comité de esta última; o en Sunsundegui en Alsasua, firma que fabrica carrocerías de autobuses y autocares. Estas fuentes también comentaron que empleados de SGE habían podido encontrar una oferta de trabajo en otra compañía.

el efecto vw A diferencia de 2018, las regulaciones -vía suspensión temporal o reducción- han descendido este año hasta noviembre al registrarse 38 expedientes de este tipo por los 53 en el mismo periodo del año anterior. En 2019, 1.161 trabajadores han sido afectados por una regulación por los 7.679 de 2018. Esta diferencia se explica por el ERTE aplicado a la plantilla de VW Navarra en septiembre del ejercicio pasado ante la falta de motores, que afectó a unos 4.000 operarios. Si se resta esta cantidad del total, quedan unos 3.700 afectados en 2018 por los 1.161 de 2019. Además, este año la riada de julio provocó que negocios de Tafalla recurrieran a un ERTE hasta recomponer la actividad e, incluso, otros tuvieron que cerrar.