hay cuestiones de primero de democracia. Convocar una huelga y/o secundarla es un derecho inalienable. Pero no me vitoreen todavía. También no sumarse al paro es un derecho que nadie puede conculcar. Qué hermoso sería que mañana ningún currela se sintiera coaccionado ni para acudir ni para dejar de acudir al tajo. Ustedes y yo, que ya acumulamos las suficientes caídas de guindos, sabemos que no será así. Habrá capataces a uno y otro lado de la puerta que, utilizando la fuerza psicológica o física, impedirán que cada cual ejerza su voluntad. Eso ya es malo, pero casi peor es la certidumbre de que en uno de los casos -y es fácil adivinar en cuál- no cabrá derecho a crítica.

Viene aquí la segunda lección del catón de la libertad. Lo mismo que cabe hacer decálogos de motivos para cantar la perentoria necesidad del plante general, es perfectamente aceptable expresar las objeciones al respecto. Es obvio que, como el tremebundo fascista ajusticiable que soy, me encuentro entre los practicantes de lo último. O, en plata, que no solo voy a intentar currar mañana, sino que estoy convencido de que este llamamiento a la huelga, que respeto sin matices, no va más allá del brindis al sol y el marcaje de paquete.

Hasta ahí, casi todo en orden. Se conoce uno el paisaje y paisanaje. La única pena, insisto que siempre según mi humilde pero también respetable opinión, es que se haga en nombre de causas expropiadas y practicadas en régimen de monopolio. "Esta huelga no les gusta a los privilegiados", farfullaba el otro día en Twitter un tipo que se levanta catorce pagas anuales (pluses aparte) de 4.000 euros. Y claro, me convenció.