MADRID. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves su "intención" de reformar la regla de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de una determinada referencia ligada al crecimiento- para dar "mayor margen" a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados para defender el límite de gasto no financiero para este año y la senda de estabilidad presupuestaria para los próximos ejercicios, Montero se ha mostrado partidaria de "recoger" la petición de flexibilizar la regla de gasto planteada por EH Bildu, ERC, Compromís o Más País.
Además de cambiar esta nueva metodología de regla de gasto, la ministra ha señalado que también se flexibilizará el uso de las denominadas inversiones financieramente sostenibles -que quedan excluidas del cómputo de la regla para las administraciones en superávit-, ya que se permitirá un mayor volumen de estas y se incorporarán nuevos conceptos como la lucha contra la despoblación o el fomento del empleo.
Montero ha defendido en su intervención la senda de corrección del déficit público para los próximos años -1,8 % del PIB en 2020, 1,5 % del PIB en 2021, 1,2 % del PIB en 2022 y 0,9 % del PIB en 2023- para adaptarla a la realidad "económica, social y política" del país.
Ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos para apoyar esta senda porque su rechazo implicaría reducir la capacidad de gasto de la Seguridad Social en casi 7.500 millones de euros y de las comunidades autónomas en 3.500 millones.
Ha aludido en concreto a Junts Per Catalunya, a quien ha pedido el voto para poder "abordar los problemas cotidianos" en paralelo a los avances en el diálogo político.
Con respecto al límite de gasto no financiero para 2020 -que el Gobierno sitúa en 127.609 millones y que solo se informa a las Cortes, sin votación-, la ministra ha defendido que es "coherente con la previsión de crecimiento".
APROBADA LA SENDA DE DÉFICIT
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la senda de estabilidad presupuestaria hasta 2023, una medida que todavía tendrá que ser avalada por el Senado y que constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos de 2020.
Tras este "paso importante", la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado a los periodistas que la intención del Gobierno sigue siendo "tener los Presupuestos aprobados a lo largo del verano" para poner fin a la prórroga de las cuentas de 2018.
La votación se ha saldado con 168 votos a favor -PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias-Coalición Canarias, PRC, Compromís y Teruel Existe-, 150 votos en contra -PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias- y 19 abstenciones -ERC, EH Bildu y BNG-.
La aprobación de los objetivos de déficit y deuda para 2020 y la senda para el periodo 2021-2023 -que va acompañada del límite de gasto no financiero para 2020, aunque no es objeto de votación- ha sido posible gracias a las abstenciones de ERC y EH Bildu, anunciadas en el último momento.
ERC ha defendido que con su abstención quiere dar "margen de confianza" al Gobierno "para que el diálogo y la negociación puedan avanzar" en Cataluña tras reconocer que por el momento el Ejecutivo "está cumpliendo" con sus compromisos.
Junts per Catalunya, en cambio, ha votado en contra al criticar que el Gobierno debería entregar a Cataluña los 443 millones de euros que consideran pendientes derivados de la modificación del sistema de liquidación del IVA en 2017.
EH Bildu se ha decantado finalmente por la abstención después de que Montero anunciara que permitirá a los ayuntamientos con superávit realizar más inversiones financieramente sostenibles -aquellas que pueden hacerse sin computar para la regla de gasto- y dedicarlas a conceptos que hasta ahora no se permitían como la lucha contra la despoblación o el fomento del empleo.
La ministra también ha mostrado su intención de modificar la metodología de cálculo de la regla de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de una determinada referencia ligada al crecimiento- para dar mayor margen a comunidades autónomas y ayuntamientos como habían reclamado EH Bildu, ERC, Compromís o Más País, un anuncio que ha sido recibido con aplausos.
La propuesta del Gobierno supone relajar la senda de corrección del déficit público hasta el 1,8 % del PIB en 2020, el 1,5 % en 2021, el 1,2 % en 2022 y el 0,9 % en 2023, lo que según la ministra beneficiará especialmente a comunidades autónomas y Seguridad Social.
De esta manera, ha argumentado Montero, los objetivos de déficit se adaptan a la realidad "económica, social y política" del país, tras calificar la senda vigente -que prevé superávit en 2021- de "irreal" desde que se aprobó.
La senda de estabilidad continuará ahora su tramitación en el Senado, que tiene capacidad de veto según recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Junto con la senda de estabilidad, Montero ha expuesto el límite de gasto no financiero para 2020 -de 127.609 millones de euros, un 3,8 % superior al recogido en el fallido proyecto presupuestario de 2019- que no se somete a votación y que constituye el paso previo a la elaboración del Presupuesto de este año.
PP, Ciudadanos y Vox han afeado al Gobierno este aumento del límite de gasto no financiero al considerar que supondrá un aumento del gasto que perjudicará a la economía.
