- Las ejecuciones hipotecarias, o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, en viviendas habituales cayeron cerca del 22% (21,8%) en 2019 y alcanzaron las 5.177, la cifra más baja desde que comenzó la serie, en 2014, según los datos publicados este viernes por el INE.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 se ejecutaron 34.879 embargos de viviendas habituales, frente a los 30.496 de 2015, y los 21.247 de 2016; ya en 2017 la cifra se quedó al borde de los 11.000 (10.991), para bajar a 6.617 en 2018.

De las 5.177 viviendas habituales embargadas el pasado año, 1.380 lo fueron en el último trimestre de 2019, un 45,7% menos que en el mismo trimestre de un año antes. En el conjunto del año se registraron 56.349 inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias de todo tipo, un 2,9% más que en 2018.

De las 7.129 viviendas de personas físicas -no sólo viviendas habituales- con ejecución hipotecaria registradas en 2019, 5.177 fueron habituales en propiedad, en tanto que 1.952 (un 19,5% menos que un año antes) no eran residencia habitual de los propietarios.

Un 23,4% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el año fueron nuevas, y un 76,6% usadas; el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas aumentó un 19,3%, mientras que el de usadas bajó un 1%.

Según el año de inscripción de la hipoteca, el 23,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas correspondió a hipotecas constituidas en 2007, el 16,2% a hipotecas constituidas en 2008 y el 13,3% a hipotecas de 2006. De este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 60,3% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2019.

Por comunidades autónomas, las que mostraron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron Catalunya (12.131), Comunidad Valenciana (11.644) y Andalucía (9.834), en tanto que Navarra (174), la CAV (218) y La Rioja (495) registraron el menor número.

Catalunya (5.757), Andalucía (5.681) y Comunidad Valenciana (5.356) registraron el mayor número de ejecuciones sobre viviendas, y Navarra (54), la CAV (81) y La Rioja (143), las que menos.

Por lo que respecta a las cifras del cuarto trimestre, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad fue 12.882, un 4,1% más que el trimestre anterior y un 19,1% menos que en el mismo trimestre de 2018.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.380 eran habituales en propiedad (un 12,3% menos que en el mismo trimestre de 2018) y 453 no eran residencia habitual de los propietarios (un 23,9% inferior).

Atendiendo a la naturaleza de la finca, las ejecuciones sobre viviendas concentraron en el último trimestre del año el 46,7% del total.

Un 10,7% del total eran viviendas habituales de personas físicas, un 32,5% correspondió a viviendas de personas jurídicas, y el 3,5% restante a otras viviendas de personas físicas.

Las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) fueron el 42,1% del total.

En cuanto al estado de los inmuebles, el 17,9% de las ejecuciones hipotecarias fueron sobre viviendas nuevas, y el 82,1% sobre usadas; el número de embargos sobre viviendas nuevas cayó un 26,8% en tasa anual, y el de usadas, un 15,2%.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, en el cuarto trimestre la Comunidad Valenciana (2.785), Andalucía (2.606) y Cataluña (2.454) registraron el mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas. Navarra (18), la CAV (67) y Cantabria (107), el menor.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.339), Comunidad Valenciana (1.278) y Cataluña (1.123) presentaron el mayor número de ejecuciones, mientras que Navarra (9), la CAV (20) y Cantabria (52), las cifras más bajas.

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Vivienda. En el caso de viviendas, Andalucía (1.339), Comunidad Valenciana (1.278) y Catalunya (1.123) presentaron el mayor número de ejecuciones, mientras que Navarra (9), la CAV (20) y Cantabria (52), las cifras más bajas.

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Retroceso. Los embargos encadenan cinco años de retrocesos después de que en 2018, 2017, 2016 y 2015 bajaran un 40,7%, un 48,3%, un 30,3% y un 12,6%.