- En apenas cinco días Navarra ha registrado casi tantos expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos (ERTE) como en todos los años de la crisis económica, entre 2008 y 2013, según los datos facilitados por el Gobierno foral y Nastat. La Dirección del Servicio de Trabajo del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial recepcionó hasta el viernes 1.941 ERTE, cantidad que previsiblemente aumentó durante la jornada de ayer y que continuará durante la semana. En pocos días, Trabajo ha contabilizado este volumen de expedientes; cifra que se aproxima a los 2.579 ERTE que entre 2008 y 2013 sumó la Comunidad durante la grave crisis padecida, con dos recesiones. Aunque cabe puntualizar que, además, en aquellos años los 374 expedientes de extinción (ERE) destruyeron casi 7.500 empleos.

En esta coyuntura los más de 2.000 ERTE presentados, por el momento, interrumpen la producción o el servicio de manera temporal que desarrollan los empleados, con la garantía de mantener los puestos de trabajo durante seis meses desde el reinicio de la actividad. Pero, una vez que Navarra y el Estado superen la crisis sanitaria, la reanudación de los negocios se producirá de manera paulatina. Por ese motivo, algunas empresas ya están planteando a sus comités la necesidad de que una vez concluya la aplicación del ERTE por fuerza mayor, tendrá que acordar otro expediente de suspensión por causas productivas, económicas, organizativas o técnicas. Este escenario perjudicará a trabajadores, ya que la empresa prolongará su regulación hasta alcanzar la plena producción. La Dirección de Trabajo había registrado en su base ayer por la mañana 504 ERTE de los 1.941 que habían entrado. El medio millar de expedientes aglutinaba a 8.500 trabajadores, pero estaban afectados por la regulación 5.536, informaron fuentes sindicales.

Casi nueve de cada diez expedientes presentados la semana pasada recogían como causa la fuerza mayor aprobada por el Consejo de Ministros el martes 17 de marzo. Esta justificación conlleva modificaciones beneficiosas para los trabajadores en las condiciones para acceder a la prestación por desempleo durante la regulación, que difieren de los requisitos de los expedientes de suspensión por causas económicas, organizativas, productivas o técnicas.

El graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Juan Luis Gómez López resalta que en los ERTE por fuerza mayor todos los trabajadores regulados, sin excepción, tienen derecho a la prestación por paro. Esto significa que desaparece la exigencia de tener una cotización previa de, al menos, 360 días en los últimos seis años. Además, la prestación que consuman no se descontará de su bolsa de desempleo, por lo que si posteriormente algún empleado regulado sufre un despido la bolsa de desempleo se conserva intacta.

Gómez señala también que no solo los empleados son beneficiarios de esta ayuda, sino también los socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo, si el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior al 18 de marzo de 2020. “En este caso, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral conforme al procedimiento del RD 42/1996”, aclara este asesor jurídico y laboral.

Así, las medidas serán aplicables a las personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente. En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración: las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del ERTE. Y el procedimiento de reconocimiento de la prestación por desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria para los supuestos de suspensión o de reducción derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Y en relación a los fijos discontinuos, las prestaciones por desempleo que perciban por la interrupción de la actividad laboral por el coronavirus, podrán volverse a cobrar, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

¿Qué es un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal (ERTE) de fuerza mayor? Es la autorización temporal para suspender o reducir la jornada de los contratos de trabajo durante un tiempo determinado, y será por fuerza mayor el que se produce por un factor externo al círculo de la empresa, de carácter objetivo e independiente de la voluntad de esta respecto de las consecuencias que acarrea en orden a la prestación de trabajo, explica el graduado social Juan Luis Gómez.

¿Qué empresas pueden acogerse a estos ERTE de fuerza mayor? Las empresas que acrediten pérdida de actividad por esta pandemia. Las compañías que han cesado la actividad temporal por el estado de alarma recogido en el real decreto y la orden foral 4/2020, de 14 de marzo, de la consejera de Salud, por la que se adoptan medidas e instrucciones de salud pública por el Covid-19. Las empresas que limiten su actividad por la restricción en el transporte público y de movilidad de personas y/o mercancías. Los negocios que acrediten falta de suministros que impidan gravemente continuar con la actividad. Y las empresas que prueben situación urgente y extraordinaria por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

¿Qué empresas no pueden aplicar este tipo de ERTE? Aquellas que no cumplen los anteriores requisitos. Pero si lo necesitan, deben gestionar un ERTE por causas organizativas, productivas, técnicas, o económicas. Si embargo, de manera excepcional, se han modificado varios aspectos por el coronavirus. Por ejemplo, el periodo de consultas se acorta para darle mayor agilidad y celeridad, y el informe de la Inspección de Trabajo pasa a ser potestativo y se reduce a cinco días el plazo para evacuarlo a la autoridad laboral -Gobierno de Navarra-, etc.

¿Cómo se tramitan los ERTE por fuerza mayor? Impreso de solicitud a la Dirección de Trabajo. Memoria/informe justificativo de la causa alegada. Comunicación a los representantes de las personas trabajadoras, y si no, directamente a las personas trabajadoras de que se va a iniciar el expediente con la fecha de efectos. Relación de la plantilla afectada con nombre, apellidos, DNI y número de afiliación a la Seguridad Social.

4.349 empleos destruidos. El impacto económico y laboral derivado del estado de alarma por el coronavirus generará una reducción estimada del 1,6% del PIB en Navarra, una décima menos que la media nacional (1,7%) y supondrá la pérdida de 4.349 empleos. Así se desprende de la información elaborada por el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que señala que la declaración del estado de alarma, con la restricción de movimientos de la población y el cierre de una gran cantidad de comercios está generando una contención del consumo privado cuyos impactos finales afectarán al crecimiento de las comunidades. Ceprede precisa que estos datos deben ser acogidos como un ejercicio de aproximación, dado que aún no se dispone de información pormenorizada. Los efectos regionales, según apunta, recorren un amplio rango, con máximos en Baleares o Canarias, del orden del 2,7% y del 2,1 %, respectivamente, y mínimos en Ceuta y Melilla, cuantificados en torno al 1,1%. Respecto al empleo, señala que en conjunto se podrían destruir unos 300.000 puestos de trabajo.