PAMPLONA. La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra muestra su desacuerdo con algunas las disposiciones del estado de alarma aprobadas por el Gobierno central ya que ve inevitables los despidos en el sector e insuficiente el periodo para los ERTE por la crisis del coronavirus. La asociación ha pedido un plan de ayudas al sector que inyecte 10 millones de euros para mantener el tejido hostelero navarro y sostiene que se abusa del contexto de emergencia sanitaria para condicionar el mercado de trabajo, no durante el estado de alarma (lo cual hubiese sido comprensible), sino en una fase posterior de normalidad constitucional".

Y es que las medidas extraordinarias aprobadas exigen a las empresas el compromiso de mantener el empleo durante seis meses desde la reanudación de la actividad, aunque no se entenderá que se ha incumplido si el contrato se extingue por concluir el periodo de vigencia.

La asociación defiende además que si bien al exoneración de cuotas sociales es una decisión "acertada" porque las empresas han dejado de facturar, sostiene que la carga solo hubiera servido para agrandar la deuda como consecuencia del cierre forzoso y a medio plazollevar a la quiebra a muchas empresas del sector.

Por eso pide además que la exoneración se establezca con carácter general en todos los casos de ERTE por causa de fuerza mayor y que se elimine el requisito de mantener el empleo durante un periodo de 6 meses a partir del momento en que se reanude la actividad.

"Le economía española y, especialmente, el sector de la hostelería van a sufrir cambios profundos como consecuencia de la crisis sanitaria actual. Pretender que el parón económico no va a tener efectos más allá del estado de alarma o a las consecuencias del Covid 19 y que la economía se reactivará sin más ajustes es estar profundamente equivocado", dice.

Y agrega que "ignorar que, pasado el estado de alarma, las reestructuraciones de plantilla serán una medida, aunque dolorosa, inevitable en muchas empresas constituye una negligencia grave" cuando "permitirán ajustar el dimensionamiento de la plantilla a la realidad de una demanda menguada".

Por eso la Asociación de Hostelería y Turismo indica que las reestructuraciones "implicarán despidos" pero "permitirán salvar empresas" y por eso "dificultarlas, gravándolas con la penalidad añadida de tener que abonar las cuotas exoneradas, no es en absoluto una buena idea".

Agrega asimismo en relación con la suspensión temporal de contratos y la reducción de jornada por causa de fuerza mayor que es "inapropiado" limitar la duración de los ERTEs al periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, como máximo el del estado de alarma, ya que es una "limitación que resultará inaplicable".

En su lugar propone "extender la duración del ERTE por causa de fuerza mayor, en actividades cuya suspensión se haya decretado como consecuencia de la declaración del estado de alarma, durante un periodo de 6 meses a partir del momento en que se desactive el estado de alarma".

En este tiempo, precisa, el empresario deberá "poder reincorporar trabajadores/as en función de las necesidades" y hacerlo "en un primer momento" a jornada parcial.

La razón, puntualiza, es que el nivel de consumo inmediatamente posterior al levantamiento del estado de alarma no permitirá que la hostelería en su conjunto funcione al ritmo previo a la crisis sanitaria y en este contexto "las empresas se encontrarán con un excedente de mano de obra".

Unido este hecho a la crisis económicva que se augura a nivel mundial hará que las empresas tomen decisiones "que garanticen la viabilidad del negocio" y que "procedan a despedir a la parte sobrante de mano de obra", como despido colectivo si corresponde con arreglo a los umbrales que fija la ley.

Para la asociación, la opción de tramitar un nuevo ERTE "tampoco resulta recomendable dado que no es una decisión inmediata o de aplicación relativamente rápida" al tardar más de un mes.

En cuanto a las medidas fiscales la asociación dice que hay numerosas empresas familiares con facturación anual muy por debajo de los 150.000 euros y que tributan en Renta e IVA en estimación objetiva por módulos, un sistema en el que ya están establecidos los importes aunque con la crisis los beneficios se vean reducidos y por lo tanto los tributos deberían a su juicio ajustarse.

También es importante, señalan, que los periodos de tiempo en que han estado cerradas las empresas por imposición legal no computen en la regularización de módulos a realizar en el cuarto trimestre, sin necesidad de que deba ser comunicado a la Hacienda Foral, ya que es un caso de fuerza mayor de carácter general.

Asimismo piden que en las deducciones por creación de empleo se suprima el requisito del mantenimiento o incremento del mismo para la efectiva aplicación en 2020 y que en el IVA se agilicen plazos de devolución, se deje exento del pago un porcentaje o se reduzca y que se conceda una moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de diversos impuestos.

Igualmente pide la asociación que en el Impuesto de Sociedades se compensen este mismo año las pérdidas de 2020.

Otras medida que piden, esta a nivel municipal, son la exención del pago de la ocupación de la vía publica por terrazas, de la Contribución Urbana o IBI u del IAE

Instan también a luchar contra la competencia deseal y la economía sumergida de los alojamientos turísticos mediante sanciones que sean "tan duras que no merezca la pena incumplir la normativa", y una campaña generalizada de comunicación para que el cliente tenga sensación de seguridad en materia de higiene.

Por último piden que en materia de arrendamientos estos meses no penalicen la amortización de inversiones, que se de una ayuda al sector para evitar el cierre de negocios y medidas fiscales de apoyo a contratación de espacios para eventos, ferias o espectáculos.