n esta crisis sanitaria hemos podido ver las costuras de un sistema que en las últimas décadas se ha dedicado a la mercantilización de la salud en detrimento de las necesidades sociales y a favor de las grandes fortunas. Las políticas neoliberales impulsadas desde Europa y aceptadas de muy buen grado por nuestros gobiernos han provocado escenarios terribles. Por ejemplo, en las residencias geriátricas han fallecido cerca del 70% de las personas fallecidas por la pandemia. Un verdadero ensañamiento.
En un país envejecido, es lógico que estas residencias hayan proliferado. Sin embargo, es responsabilidad de los gobiernos haber convertido el derecho a una vejez digna en un servicio privatizado a la caza de clientes y beneficios: hoy es un negocio para invertir capital y amasar riqueza para unos pocos. Algunos titulares: "Solo en Madrid, durante 2016, se vendieron 15 residencias geriátricas que funcionaban a pleno rendimiento"; "La facturación del sector de empresas gestoras de residencias para la tercera edad creció en 2018 un 3,4%, hasta situarse en los 4.500 millones de euros"; "Proyectadas cinco nuevas residencias privadas en la Cuenca de Pamplona, una buena noticia para el Gobierno de Navarra"...
En los últimos años, fondos de inversión-riesgo se han abalanzado a comprar, o a construir, geriátricos por su "alto" valor económico, y no solo por ahí lejos, también en Navarra (y presentado por el Gobierno como si fuera un logro social). Estas inversiones de riesgo llegan a tener beneficios anuales en torno al 6%, muy difícil de obtener en cualquier negocio. Pero cuando esa rentabilidad se ha incrementado lo suficiente, los fondos-riesgo se retiran consolidando su rentabilidad. Esta retirada se realiza con estrategias bien definidas, entre ellas la posible venta "a un inversor estratégico".
Y, ¿quién sería un inversor estratégico en las residencias de mayores? ¿Qué sociedad medianamente avanzada dejaría morir a sus mayores? ¿Quién se haría cargo de un sector esencial como el cuidado de nuestros padres y abuelos? La Administración, nosotros. La sociedad en su conjunto.
Sí. Los grandes inversores autodenominados "creadores de riqueza", también saben que el Estado jamás abandonaría a sus mayores y que sería capaz de rescatar cualquier residencia mediante recursos públicos. Lo saben y lo exigen. Más titulares: "La filial de residencias de ancianos de ACS pide que le compensen los gastos del covid" (ACS= Florentino Pérez); "Clece solicita a las Administraciones públicas el reequilibrio económico de la mayoría de centros de mayores que gestiona, donde han tenido gastos imprevistos de 7,2 millones".
Estos buitres no dudan en aprovechar el dolor ajeno y la necesidad común para aumentar sus beneficios. Todo ello con el beneplácito de nuestros gobernantes y mediante la explotación laboral (un sector precario y feminizado). Ahí tenemos las huelgas de nuestras compañeras en las residencias de Bizkaia y Gipuzkoa.
La salud como negocio no es exclusiva de geriátricos y hospitales privados: la salud de las personas trabajadoras es otro sector en un proceso continuo de privatización.
La Ley de Mutuas 2015 fue creada ex profeso para beneficiar a grandes capitales, transfiriéndoles empresas y patrimonios, privatizando las entidades de prevención creadas por el sistema público a través de las mutuas. Más titulares: "El gigante sanitario IDC Salud, controlado por el fondo de capital riesgo CVC, protagoniza el proceso de privatización de las sociedades de prevención de las mutuas de accidentes de trabajo; compró las clínicas Quirón, se ha llevado las sociedades de prevención de Fraternidad, Mutua Universal y MC Mutual y Fremap".
Las empresas de prevención de las mutuas fueron privatizadas a favor de grandes inversores que generan beneficio gestionando la salud de la clase trabajadora. Anunciaron esta ley para evitar el mal uso de las finanzas del sector público, pero las empresas aún hoy mantienen un oscuro interés en gestionar el dinero público a través de las mutuas.
Nos quedó muy claro cuando VW-Navarra, en contra de la opinión de la plantilla, intentó transferir la gestión de las contingencias comunes a su mutua a finales de 2019. Todavía hoy las mutuas mantienen un poder sobredimensionado a través de la ley de la Seguridad Social, del dinero de todos. Aquí van algunos ejemplos:
Las prestaciones sanitarias para contingencias profesionales serán dispensadas por las mutuas, mediante convenios con otras mutuas o con las administraciones públicas sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados.
Las pruebas diagnósticas y los tratamientos terapéuticos y rehabilitadores se realizarán principalmente en los centros asistenciales gestionados por las mutuas para dispensar la asistencia derivada de las contingencias profesionales (€) y con carácter subsidiario, podrá realizarse en centros concertados (€).
La mutuas colaboradoras con la Seguridad Social asumirán a su cargo, sin perjuicio del posible resarcimiento posterior por los servicios de salud o por las entidades gestoras de la Seguridad Social, el coste de las pruebas diagnósticas, tratamientos y procesos de recuperación funcional dirigidos a evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes.
Las obligaciones económicas que se atribuyan a las mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos.
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social gozarán de exención tributaria.
Nadie entendería tras esta crisis social y sanitaria que se descapitalizase más la sanidad pública otorgando más recursos a entidades privadas. Por ello, tenemos que seguir movilizándonos para impedir que las empresas deriven la gestión de las contingencias comunes a las mutuas: sería un paso adelante en un deterioro mayor de la sanidad pública.
El autor es delegado de ELA en VW Navarra
