La salida de Manu Ayerdi se había convertido en una cuestión de tiempo. Más allá de el debate sobre si el consejero está o no siendo formalmente investigado -los servicios jurídicos del Gobierno habían venido sosteniendo hasta ahora que no y el Supremo no ha aclarado la consulta realizada por los abogados del consejero-, la situación política se había vuelto difícilmente sostenible.
La presión de la derecha apuntaba ya a la presidenta, incomodando cada vez más al PSN, y el proceso en el Supremo se podía alargar todavía varios meses. Con el relevo anunciado y el foco puesto sobre el consejero de Desarrollo Económico, la decisión se acabó de tomar, de forma consensuada, a última hora de ayer.
El contexto
La polémica de Davalor no es nueva. Se trata de una operación fallida de Sodena sobre la que ha habido ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador de Davalor, que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores, pero sin consecuencias penales. Y Hasta ahora no se han observado actuaciones delictivas por parte del Gobierno de Navarra.
Ha sido UPN quien ha puesto sobre la mesa la acusación de "prevaricación" y "malversación" con una querella en el Supremo. Y no de forma casual. Ambos delitos están recogidos en la ley que regula las incompatibilidades de los miembros del Gobierno, por lo que la mera admisión a trámite, más allá de su resultado final, forzaba la dimisión del consejero. Algo que ya intentó también con María Solana la pasada legislatura, a quien denunció ante el Supremo también por "prevaricación" apenas dos meses después de aprobar la ley, en este caso por el desalojo de Rozalejo. La querella no tuvo recorrido y la polémica no fue a más, pero la consejera hubiera tenido que dimitir si el Supremo hubiera decidido abrir una investigación.
Una operación política que ha vuelto a quedar en evidencia esta semana con las urgencias mostradas por el presidente de UPN, Javier Esparza, que ha llegado a amenazar a María Chivite con otra querella por prevaricación si no cesaba a Ayerdi. Solo Enrique Maya, el único de los dirigentes imputados por el cobro irregular de dietas en Caja Navarra que sigue en activo, se ha desmarcado de la línea oficial de UPN, calificando la posible dimisión del consejero como "desmesurada" en este punto del proceso judicial.
Una reflexión que hacen también los partidos que sostienen al Gobierno, y la propia presidenta, que ha planteado la posibilidad de un cambio en la ley para preservar "la presunción de inocencia" y evitar casos como el de Ayerdi. O como el del director general de Administración Local, que también fue investigado por la Justicia en una causa finalmente archivada. Nadie pidió entonces su dimisión y hoy sigue en el cargo.
Nuevo proceso judicial
Porque el caso Ayerdi es un precedente peligroso para todos los miembros del Gobierno de Navarra, que pueden convertirse en foco de querellas políticas con el único objetivo de buscar la inestabilidad mediante su dimisión. Es lo que se conoce como Lawfare, una guerra jurídica con el único fin de dañar la imagen del oponente. Y en un sistema judicial tan politizado, donde la derecha conserva un férreo control de la magistratura en todos sus estratos, resulta especialmente arriesgado dejar toda una carrera política en manos del juez de turno.
Lo sabe bien Santiago Cervera, retirado de primera línea de la gestión pública tras más de dos años inmerso en un proceso judicial que acabó en absolución, y con una multa posterior al exdiputado por criticar la labor del juez instructor. Así lo ha entendido también Podemos, el partido que promovió el cambio de la normativa en Navarra, y que ha modificado sus estatutos para vincular la dimisión a la apertura de juicio oral, no a solo a la investigación. Y así lo recoge también el código ético del PSOE. Se da la circunstancia además de que, con la reforma de la Ley del Enjuiciamiento Criminal que tramita el Congreso, los partidos políticos ya no podrán querellarse contra otros cargos públicos, por lo que una denuncia como la de UPN ya no será posibles dentro de unos meses.
Con la dimisión de Ayerdi, la causa ha llegado más lejos de lo que lo hizo por ejemplo la de las dietas de Caja Navarra, cerrada de forma rápida por el Supremo sin testificales pese a que los hechos denunciados partían de un juez de instrucción y no de un partido con intereses políticos en la causa. Y desde luego mucho más que cualquier otra operación fallida de Sodena durante la etapa de UPN. Alguna de ellas con actuaciones bastante más atípicas que la de Davalor.
Renunciando al cargo, el consejero renuncia también a su aforamiento, por lo que el Supremo deberá delegar ahora en la Audiencia Provincial las diligencias del caso. Será otro juez el que asuma la causa y decida sobre las diligencias a seguir, lo que aboca a Ayerdi a un largo peregrinaje judicial si finalmente es acusado. Porque incluso en el caso de salir absuelto, la acusación podrá recurrir hasta el Supremo y pocas dudas quedan de cuál será la actitud de la derecha navarra, ya tuvo a Uxue Barkos de tribunal en tribunal durante cinco años. UPN ya anunciado que solicitará la citación como testigos de los principales responsables del Gobierno anterior en una causa muy mediática, y que va a tratar de politizar al máximo.
