- El Pleno del Congreso convalidó ayer el decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, la conocida como ley rider, y aprobó su tramitación como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios a través de enmiendas. A favor del decreto ley votaron PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias se opusieron mientras que el BNG se abstuvo.

Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo.

Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recordó que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado “late el mismo concepto: que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa”.

“A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio”, aseveró.

Sin embargo, unos 300 repartidores pro-autónomos participaron en una manifestación a las puertas del Congreso y denunciaron que las consecuencias negativas de la nueva normativa ya están comenzando a percibirse en el sector porque plataformas digitales -como Deliveroo, Glovo, Stuart o Ubereats- empiezan a utilizar empresas de trabajo temporal y subcontratas para no tener que incluir a los autónomos en plantilla.