Navarra inspecciona por primera vez empresas de la cadena alimentaria

Los controles persiguen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una reivindicación de agricultores y ganaderos para recibir precios justos por sus productos.

Esta normativa pretende reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los agentes que componen dicha cadena alimentaria, es decir, que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior. Los sindicatos agrarios en la Comunidad Foral, UAGN y EHNE, coinciden en la necesidad de cumplir con esta ley para evitar precios por debajo del coste de producción, sobre todo ahora, con el aumento del valor de la luz, del combustible y de las materias primas.

La Dirección General de Desarrollo Rural, encabezada por Fernando Santafé, se ha centrado este año en hacer controles en diez empresas del sector cárnico y bovino, vitivinícola y cultivo de forrajes.

Actualmente, el personal técnico del departamento está llevando a cabo estas inspecciones, en las que comprueba si existen contratos por escrito entre las partes en las operaciones de compra-venta a partir de 2.500 euros; consulta si el precio de los productos queda recogido en los contratos y si cubre los costes efectivos de producción; verifica si las modificaciones de precios han sido pactadas entre las partes y constata si la empresa cumple con los plazos de pago conforme a la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En el caso de infringir alguna de estas obligaciones, la empresa puede sufrir una multa, que varía según el grado de la infracción: hasta 3.000 euros si se cataloga como leve; entre 3.001 y 100.000 euros si se califica como grave; y entre 100.001 y un millón de euros si se considera muy grave.

Las personas de la Administración foral encargadas de estas inspecciones ostentan la función de "agentes de la autoridad, motivo por el que las empresas y sus titulares están legalmente obligados a colaborar en las actividades de control desarrolladas en sus organizaciones", detallan desde la Dirección General de Desarrollo Rural.

Hace unas semanas, Itziar Gómez recordaba en un foro de agricultores y ganaderos que su consejería "estaba preocupada por los precios percibidos en el sector primario y por el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria". En ese escenario, explicó que el año pasado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitó a Navarra su cooperación con el Estado, responsable de las inspecciones, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Desde 2014, el Estado se encarga de esta labor por medio de AICA, pero con la modificación de la ley 12/2013 en 2020, ahora Desarrollo Rural también participa en esta tarea.

El departamento de Itziar Gómez mantuvo reuniones con AICA a nivel de directores y técnicos en 2020 para elaborar un plan de controles para 2021 y para confeccionar la documentación y procedimientos requeridos: actas, manuales, elección de la muestra de control, controles aleatorios y dirigidos, requerimientos, citaciones o comunicaciones, entre otras.

El año pasado, Desarrollo Rural decidió efectuar controles en dos empresas como prueba, y descubrió "incumplimientos de los plazos de pago o ausencia de contratos, entre otras incidencias", relatan estas fuentes. Como esta Dirección General consideró "oficiosos" estos exámenes, apercibió para que respetaran la normativa vigente.

"Buscamos asegurar un reparto equitativo del valor añadido generado a lo largo del proceso de la cadena alimentaria y evitar prácticas comerciales desleales", manifestó la consejera Itziar Gómez en ese foro.

Tras estas dos experiencias piloto y la novedad que suponía que el Gobierno foral asumiera este tipo de inspecciones, Desarrollo Rural envió el 14 de junio a todas las empresas y operadores (susceptibles de estos controles) una carta en la que explicaba las obligaciones que impone la norma (anteriormente detalladas en este artículo). Además, el departamento facilitó un punto de información para que estas organizaciones pudieran dirigirse ante cualquier duda o aclaración sobre este proceso. Una vez dado este paso, posteriormente han comenzado con estas inspecciones.

Reuniones. La Dirección General de Desarrollo Rural y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) mantuvieron reuniones el 15 de julio y el 9 y 29 de septiembre del año pasado para elaborar un plan de controles para 2021.

Reforzamiento con una plaza estructural. Debido a la novedad que suponen estas inspecciones, el departamento reforzó el equipo del Negociado de Control de la Calidad de Productos Agroalimentarios con una plaza estructural durante medio año para llevar los temas de la cadena específicamente.

Incumplimientos. La Dirección General de Desarrollo Rural llevó a cabo dos pruebas el año pasado, y detectó incumplimientos de plazo de pago y ausencia de contratos en operaciones de más de 2.500 €.