Sacar adelante en Navarra la Ley de Cambio Climático, un camino de espinas

“El proyecto de ley ha sido participado, es ambicioso y es concreto”, dijo Itziar Gómez, que compareció en el Parlamento de Navarra acompañada del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, el director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo, y el director del Servicio de Transición Energética, Martín Ibarra. En cualquier caso, Gómez apuntó que “el periodo de enmiendas está abierto, que aún es posible incluir aquellas mejoras que cada grupo considere y que, sin duda, todas ellas van a ir encaminadas a que podamos aprobar una buena ley tal y como en este momento se merecen el planeta y las personas”.

En cuanto a la participación, Gómez señaló que el anteproyecto de ley fue expuesto a información pública en dos ocasiones. La primera, del 12 de marzo al 17 de abril de 2019 y la segunda, del 10 al 30 de junio de 2020.

“Ese segundo proceso de participación se saldó con 527 aportaciones recibidas tanto a través del portal de Gobierno Abierto, como por correo electrónico, registro, o las diferentes sesiones de debate organizadas por videoconferencia”, añadió, para explicar que, finalmente, 16 artículos de la ley y una disposición adicional se vieron modificados o se añadieron como fruto de esa participación.

En segundo lugar, defendió que “se trata de un proyecto de ley ambicioso”. “En concreto, si vamos a los objetivos, podemos ver que el proyecto de ley de Navarra en su artículo 9 de planificación remite a la Hoja de Ruta Klina, que fija el objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el 45% en 2030 con respecto a 2005 y en el 26% con respecto a 1990. Por poner un ejemplo para situarnos, la ley estatal recientemente aprobada rebaja ese objetivo el 23%. Por lo tanto, la ley navarra es más ambiciosa”, destacó

En este punto aclaró que “existe el debate sobre el hecho de que los objetivos no sean vinculantes por ley, pero esto tiene su lógica si tenemos en cuenta que la planificación y los objetivos son cuestiones revisables, mientras que una ley no tiene a priori ese carácter”. “Es decir, el hecho de que la ley remita a los objetivos de los planes en lugar de incorporar directamente esos objetivos es una cuestión meramente de forma para poder revisar y adecuar mejor las medidas a la evolución de la crisis climática. De hecho, los planes se revisan cada cinco años y en el caso de Klina y el PEN esa revisión está ya prevista para 2022. Pero en cualquier caso, si así se considerara, no habría inconveniente en recoger esos objetivos en la propia ley”, apuntó.

Además, ha defendido que la ley navarra es ambiciosa también porque incluye un régimen sancionador y contempla la creación de un fondo climático.

Asimismo, resaltó que “otra cuestión que la diferencia es que no solo va dirigida a la Administración, sino que obliga también a la ciudadanía y a las empresas y podríamos citar entre otros ejemplos las obligaciones de rehabilitación de viviendas, calderas, prohibición de combustibles fósiles en uso residencial, obligaciones de renovables al sector primario, obligaciones para taxis, planes de movilidad de empresas o prohibición de calentar espacios abiertos”. Finalmente, la consejera ha destacado que el proyecto de ley foral “recoge medidas concretas” y “es preciso en cuanto a que desarrolla normas concretas y no se limita a ser declarativa puesto que resuelve cuestiones y no las deja a un desarrollo posterior”.

Por su parte, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, destacó que “vivimos en un contexto de emergencia climática” y ha explicado que “en 2015 se firman los Acuerdos de París y en 2018 y 2019 la UE aprueba iniciativas legislativas que implementan dichos compromisos”. Además, explicó que en 2019 Europa aprobó también el llamado Pacto Verde. “La UE impone un sistema de gobernanza que obliga al cumplimiento de estos objetivos”, dijo. Además, señaló que, aunque “políticamente” no está de acuerdo, el Tribunal Constitucional ha establecido que las Comunidades Autónomas “no pueden decidir unilateralmente y aisladamente la manera de hacer frente al cambio climático, porque dice que corresponde al Estado la planificación en ese sentido”. “Nuestras competencias tienen un estrecho marco, pero eso no significa que no tengamos un marco de competencia y esta ley foral es ejemplo de ello”.

80% Quemar gas, derivados del petróleo y carbón sigue siendo el origen del 80% de la energía final que se consumo en Navarra. Las fuentes renovables, pese a su gran implantación, apenas suponen el 20% del total de la energía consumida.

“Nuestro objetivo es rebajar en un 45% las emisiones en 2030 respecto al año 2005”

Consejera de Desarollo Rural

“Navarra no puede decidir de forma unilateral e individual cómo actúa ante el cambio climático”

Consejero de Desarollo Económico