- La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, manifestó este martes que el Gobierno espera que para el primer semestre esté licitado y resuelto el nuevo acuerdo marco de las residencias, “que va a poner a las empresas y entidades las condiciones laborales para que puedan hacer la negociación” del convenio del sector.

Maeztu señaló que “el presupuesto de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas se ha incrementado este año en 32 millones, el mayor aumento en un año, algo que permitirá ampliar el número de plazas concertadas, 800 plazas más, 400 residenciales”.

Según dijo: “Estamos trabajando en un nuevo acuerdo marco que esperemos que esté listo lo antes posible, que va a mejorar sustancialmente la financiación para permitir ampliar los ratios de personal e incrementar los salarios de los trabajadores y trabajadoras”. A su juicio, “esto va a redundar en la mejora de las condiciones laborales, que permita que el acuerdo entre sindicatos y representantes de las empresas y entidades lleve a tener el primer convenio en Navarra relativo a la atención residencial”.

“Lo hemos conseguido en el ámbito de la intervención social y hemos reforzado el convenio de discapacidad”, destacó, para incidir en que “el propósito del Gobierno es conseguir ese convenio y poner las bases para que el convenio sea posible”.

Sobre posibles fechas, Maeztu comentó que “es una negociación y es difícil establecer un tiempo”. Pero, quiere que “para el primer semestre de este año esté licitado y resuelto el acuerdo marco residencial, que va a poner a las empresas y entidades las condiciones laborales para que puedan hacer esa negociación”.

La consejera expuso que el Gobierno foral gestiona la mitad de las plazas de las residencias, unas 3.000, y que las otras 3.000 las gestionan las empresas y entidades. “Nuestra propuesta va a estar ahí con el acuerdo marco, con mejoras de los ratios y las condiciones laborales pero luego es importante el papel de las empresas y sindicatos en cuanto a las condiciones que finalmente acepten y negocien entre ambas partes”, dijo.

Por su parte, ELA, UGT, LAB y CCOO reclamaron la aprobación de una ley “con partida presupuestaria suficiente” para mejorar las condiciones de las trabajadoras de las residencias de mayores y pidieron al Parlamento que “se implique” en la creación del primer convenio para el sector.

Los cuatro sindicatos comparecieron en la Comisión de Derechos Sociales, a petición de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, para informar sobre el desarrollo de las negociaciones del convenio, en el que trabajan unas 4.500 personas, el 90% mujeres, en más de 70 residencias. Estas centrales destacaron la importancia de este convenio, que sería “la tercera pata de servicios sociales”, tras los convenios firmados en discapacidad y en intervención social.

Josetxo Mandado (ELA) afirmó que la negociación comenzó en mayo y que “en la actualidad sigue en el mismo punto de partida, sin ningún tipo de avance por parte de las patronales, que tienen poca o nula voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo”. Subrayó que “la realidad de las trabajadoras es tan dramática, tan triste, que hay diferencias de un 30% de salarios y 100 horas de trabajo más de una trabajadora a otra, algo que se debe a la desregulación del sector”.

Huelga. Las trabajadoras se encuentran en movilizaciones desde hace meses. Este jueves han convocado una jornada de paro.

Propuesta. Mandado afirmó que “el convenio regularía el sector, ya que igualaría las condiciones laborales de las plantillas y garantizaría las mejoras provenientes de convenios o pactos ya firmados o en aplicación”. “Por eso, planteamos que el convenio sea obligatoriamente de mínimos en los conciertos del Gobierno”.