La hora de la entrevista, fijada al mediodía en La Milagrosa de Pamplona, invita a tomar un café. En la acera, Isabel camina de un lado al otro enfrente de la puerta de entrada a una sucursal bancaria. Sugiere departir en el bar La Mila de la calle Río Queiles, un establecimiento de barrio de los de antes, de pequeñas dimensiones y clientela fija, en el que se respira familiaridad. “Una joven ha empezado a gestionar el local. Si consumimos allí, le apoyamos en su negocio”, comenta esta licenciada en Filosofía por la Universidad de Navarra, de 71 años, en el corto trayecto entre el banco y el bar.
Pide un café con leche para saborear en el exterior de la taberna. Esta pensionista, que regresó con 67 años a Pamplona después de vivir cuatro décadas en varios países y trabajar en sectores diversos, extrae de su bolso unas anotaciones que actúan de guión para detallar las deficiencias detectadas en el servicio de la banca y las peticiones para subsanarlas, propuestas por la Asociación Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Anapen), integrada en el colectivo Mayores Frente a la Crisis.
Proliferación de las comisiones
Isabel Díez Díaz, que forma parte de Anapen, lamenta el cierre de oficinas, la disminución de plantillas, las restricciones de horarios para la atención en ventanilla, la proliferación de comisiones para gestiones que anteriormente eran gratuitas, el cambio continuo de gestores -su entidad le ha asignado tres diferentes en tan solo cuatro años- y la aceleración del uso de la banca electrónica que ensancha la brecha entre quienes dominan esta tecnología y quienes carecen de ese conocimiento. “Somos conscientes de que la digitalización es una realidad que no va a desaparecer; pero pedimos un periodo de transición para que las personas mayores se acostumbren, y un trato familiar y personalizado”, manifiesta.
En ese momento suena el móvil e interrumpe la conversación, previa disculpa, para atender a una compañera con la que está organizando una jornada relacionada con el 8 de marzo en Civican. “No se puede estar en tantos colectivos”, comenta sonriente, al concluir la llamada. Isabel acude como voluntaria al Punto de información para personas migradas/migratuendako informazio gunea en Geltoki -en el que da clases de castellano-, y a Ikaskide para apoyo escolar en materias como matemáticas, ciencias sociales, geografía o inglés, entre otras, para menores de 8 a 13 años de familias vulnerables.
Las limitaciones físicas
Tras ese paréntesis reanuda el diálogo: “Las limitaciones físicas por la edad, como artrosis en las manos o la pérdida de vista, unidas a los recortes en los servicios, agrandan el problema que están denunciando las personas mayores”, resalta Isabel, que devuelve el saludo a una vecina del barrio, delgada, de pelo canoso y gafas de pasta negra, que sale de la cafetería tras tomar una consumición.
Isabel ejemplifica esas dificultades: “A veces, te cuesta más tiempo sacar dinero del cajero porque no tecleas de manera correcta los números ante la falta de tacto en los dedos o por la artrosis; o porque no lees de cerca al tener la vista cansada; y para cuando terminas la operación, el reloj ya ha dado las 11.00 y has perdido la oportunidad de que te atiendan de manera presencial”, cuenta. A esto se une la implantación de la banca digital que acapara cada vez más servicios, con la obligación de aprender a manejarla e instalar internet en la vivienda.
“Entre la población mayor, hay personas que no han utilizado las herramientas tecnológicas en su etapa laboral por el perfil de profesión que han ejercido, y ahora creen que no pueden controlar el lenguaje digital, que por otro lado resulta complicado, y requieren de la ayuda de hijos o familiares más jóvenes”, relata. Aunque también dentro de este colectivo hay pensionistas que dominan las nuevas tecnologías y la banca electrónica. Isabel recuerda que los miembros de la asociación han organizado reuniones on line durante la pandemia, pero a pesar de que controlan su uso; la vista puede impedir leer documentos en la pantalla del ordenador. “Por mucho que amplíes la letra pequeña de los contratos, llega un momento en que ya no se puede más, y resulta imposible descifrar su contenido”, detalla.
Cambio de hábitos
Esta pensionista, con dos hijas y tres nietos, también insiste en el cambio de hábitos que deben afrontar los casi diez millones de pensionistas en España. “El banco puede solicitar un documento que tienes en papel por e-mail; pero como en casa careces de una herramienta para convertirlo en pdf, averiguas por el boca a boca que pueden escanear el texto en un locutorio latino. Y cuando en ese local te piden la dirección de correo electrónico para enviártelo, te das cuenta de que no la recuerdas y que debes volver a casa para apuntarla y decírsela”, manifiesta.
Isabel reclama la intervención del Gobierno de España para solucionar los problemas de los pensionistas y crear una banca pública. Muestra escepticismo ante el anuncio del sector de diseñar un protocolo que solvente las necesidades de las personas mayores. “Considero la jubilación una etapa más de la vida; pero en ella, dejamos de ser interesantes para las entidades financieras”, reitera Isabel, que anima a este colectivo y al resto de ciudadanía a movilizarse. Su firma formó parte de las 600.000 que recogió el médico valenciano Carlos San Juan en la campaña Soy mayor, no idiota, para que los pensionistas no sean “los últimos de la fila”, concluye.
