La mayoría del comité de General Mills, en San Adrián, ha convocado una huelga para los días 15, 16 y 17 de marzo "ante la actitud de la empresa en el incumplimiento del convenio colectivo". Y es que, han explicado ante las instalaciones de la firma, "la dirección se niega a aplicar la revisión salarial sobre IPC más el 0,5% con carácter retroactivo; esa cantidad negada supone unos 1.000 euros anuales por trabajador a toda la plantilla, a los más de 800 empleados". Estos paros han sido propuestos y serán secundados por el 67% de la representación sindical, en concreto por ELA (con 6 delegados), USO (5) y LAB (4). Tanto CCOO, con cinco delegados, como UGT, con dos, se han descolgado de la convocatoria.

Un trabajador y trabajadora de la factoría colocan una pancarta. María San Gil

De acuerdo con Aser del Río, de USO, la empresa y el comité firmaron el convenio en mayo de 2021 tras más de un año de negociación "y ahora hemos visto agotados todos los plazos porque se niegan taxativamente a aplicar esa cláusula de revisión salarial, e incluso nos piden que renegociemos. Nosotros creemos que es importante mantener el poder adquisitivo y vamos a la huelga porque la plantilla está descontenta".

De hecho, ha insistido en que la negativa no se debe a una falta de liquidez y que no les han dado una causa o justificación concreta. "No es de recibo que solo seis meses después de la firma, la empresa cite al comité para renegociar la cláusula salarial".

Solución en cinco minutos

Para Aser, se trata de un problema que "podría solucionarse en 5 minutos: cumpliendo lo que ambas partes acordamos". Y es que, ha recalcado, "la cláusula que garantiza el poder adquisitivo de los salarios con el IPC la puso la dirección de empresa; nosotros marcamos unos topes que ellos no quisieron acatar. Está claro que era una promesa vacía y que ahora se echan para atrás".

ELA, USO y LAB han impulsado esta protesta para que la empresa aplique la revisión salarial. María San Gil

Por su parte, Isabel Campo, de LAB, ha asegurado que "apoyamos esta movilización porque es necesario que los trabajadores tengan reconocidos sus derechos, en este caso en materia de salario dado que la empresa lleva tiempo pidiéndonos que renegociemos. Hay que salir a la calle para defender nuestros derechos".

Además, de acuerdo con Beatriz Romero, de ELA, "la plantilla está desconsolada porque firmamos hace 6 meses un convenio con su consentimiento y ya lo están incumpliendo. Los salarios más bajos son los que más están sufriendo porque los costes de alrededor se están disparando".

"Han engañado a los trabajadores"

Los que se han descolgado y no comparten esta postura son UGT y CCOO. De hecho, CCOO responsabiliza a los sindicatos firmantes del convenio colectivo (ELA, USO y UGT) de "haber engañado a los trabajadores al prometerles que se iban a cobrar atrasos cuando, en realidad, es algo que no se firmó. Todo ello con el agravante de que desde CCOO, antes de la votación para la aprobación o no del convenio, ya advertimos lo que iba a pasar. ELA, USO y LAB se niegan en rotundo a sentarse a negociar una alternativa que garantice a los trabajadores un incremento salarial para 2022 y 2023 que puede ser superior a un 6%".

Reunión para tratar el posible ERTE

El tema del posible ERTE también ha levantado ampollas entre los trabajadores aunque, eso sí, han dejado claro que se trata de dos temas totalmente separados; "uno viene condicionado por cuestiones externas que no podemos controlar y el otro llevaba en la mesa meses y está en nuestras manos".

El tema del Expediente de Regulación Temporal de Empleo; si se va a aplicar o no, sobre quién y de qué manera, se va a tratar mañana a las 10.00 horas en una reunión a la que la dirección ha convocado a todo el comité.

De acuerdo con Romero, "la noticia del ERTE es algo que condiciona a la plantilla y mete miedo; creemos que es una especie de cortina de humo para quitar la mirada del tema de la actualización de los salarios y que lo que busca es generar incertidumbre entre la plantilla; que no nos apoyen y que se nos echen encima".

Y es que, aunque del Río ha asegurado que la falta de aceite sí tiene una parte real, "también creemos que la empresa puede utilizar otros aceites y, de hecho, tenemos constancia de que están en pruebas con otros productos por lo que estaríamos a falta de que cambie la regulación en el etiquetado. El ERTE, en caso de aplicarse, podría afectar aún más a los trabajadores si no aplica la subida salarial que, por convenio, nos corresponde".

La multinacional estadounidense General Mills, fabricante de productos Old El Paso (comida mexicana, como tortillas de trigo, maíz y salsas) y Nature Valley (barritas de cereales), cabe recordar, importa la mayor parte del aceite de girasol de Ucrania y, cada semana, puede utilizar 80 toneladas de esta materia prima.