Colectivos acusan a la macrogranja de Caparroso de querer "acallar" las "irregularidades"

Estas organizaciones han celebrado este sábado una concentración en el Paseo Sarasate de Pamplona para protestar por la citación de 15 colectivos y personas pertenecientes a diversas asociaciones a un acto de conciliación el 30 de marzo "por parte de la empresa propietaria de la macrogranja de Caparroso y de la proyectada para Noviercas (Soria)".

Se tratan de Alnus, Marcilla Viva, Asamblea Soberanía Alimentaria, REAS Nafarroa, Asociación Hacendera, Compañía de las Tres Erres, Asociación Lurra, Ekologistak Martxan - Ecologistas en Acción, Urbizi Nueva Cultura del Agua, Etxalde Nekazaritza iraunkorra, Greenpeace, Landare, Mugarik Gabe Nafarroa Asociación para la Ayuda y Cooperación con los Pueblos del Sur, y Fundación Sustrai Erakuntza.

Según han explicado en un comunicado, "este acto de conciliación es el paso previo obligatorio en el proceso penal si es que después del mismo, y en el caso de no haber acuerdo, la empresa decide interponer una querella, al parecer por resultarle injuriosas y/o calumniosas las informaciones que estos colectivos hicieron públicas con fecha a 10 de septiembre".

Informaciones, han indicado, que hacen referencia a un informe sobre la explotación de Caparroso, que fue entregada a los grupos parlamentarios, y que incluye "documentos oficiales que hacen referencia a expedientes administrativos que la empresa lleva recibiendo desde 2014, a la contaminación del agua por nitratos en Villafranca y Marcilla, a las ayudas de la PAC y europeas recibidas por la empresa, al consumo de agua y las concesiones de las que dispone, a la actividad en la planta de biometanización o al uso inadecuado que hace del término 'bio'".

Han afirmado que su intención era "informar a los grupos políticos de la situación que se estaba dando respecto a esta empresa" para que "pudieran formular al parlamento las preguntas correspondientes". Igualmente, para "poner de manifiesto ante la opinión pública y ante los gobiernos que estos modelos de explotación industrial, más allá del caso concreto, son problemáticos, contaminantes y poco o nada sostenibles".

"Es difícil pensar que un documento, que contiene información técnica y datos oficiales redactado por personas ejerciendo su derecho de libertad de expresión, dañe más la reputación de dicha empresa que los propios expedientes administrativos sancionadores que se recogen en el informe", han recalcado.

ESTRATEGIA PARA AMEDRENTAR

En opinión de estos colectivos, todo responde a "una estrategia de la empresa para amedrentarnos y así evitar que se conozcan las consecuencias que el modelo de ganadería industrial acarrea" y que busca "acallar a quienes denuncian alguna irregularidad en relación a asuntos públicos".

Han advertido de que "el modelo ganadero de explotación industrial acarrea consecuencias muy concretas para el entorno en el que se ubica" con "toda una serie de consecuencias ambientales y sociales nocivas". Además, han asegurado que "lejos de generar empleo, precariza las vidas de las personas que viven en el medio rural de las macro-explotaciones, monopoliza recursos, provoca la desaparición de las pequeñas explotaciones en una sangría sin fin y a medio plazo no genera riqueza alguna sino pérdidas".

Frente a ello, han apostado por "modelos de soberanía alimentaria" y un "modelo de ganadería de pequeñas y medianas explotaciones profesionales vinculadas a la tierra y al territorio, con personas dedicadas a la actividad, que respetan y cuidan los ciclos, los recursos y los bienes naturales".

"Hipotecar nuestro entorno para el beneficio económico de unos pocos es una irresponsabilidad lamentable, por lo que seguiremos socializando información, tejiendo redes y promoviendo modelos que traigan esperanza e inercias sostenibles", han destacado.