La factura de la electricidad del mes de agosto, la segunda más cara que van a abonar los hogares tras la de marzo de este año, amenaza con dañar -aún más- las economías domésticas, ya muy maltrechas tras más de medio año de fuerte aumento de la inflación general. Además, el recibo va a llegar en un mes en el que los gastos derivados de la vuelta a la rutina ordinaria tras las vacaciones de verano complicarán un poco más el estado de las cuentas de muchas familias. En realidad, agosto es la culminación de año y medio de persistentes subidas y también de numerosas medidas para la contención del precio, aunque con un resultado irregular.

Los datos de Facua estiman que la factura media en la tarifa regulada o de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), ha rebasado en agosto los 150 euros, un 70% más que hace un año. Pero los incrementos en los recibos están siendo exponenciales para todos los consumidores, también los de tarifa libre y sin olvidar a los pequeños comercios y negocios que ven muy deteriorados sus recursos. Así, según la OCU, la factura media de 2022 alcanza los 112 euros, cuando en 2021 rozó los 80 y en 2020 fue de 56, si bien este dato hay que ubicarlo en las circunstancias de la economía en el primer año de pandemia. 

A esta situación se llega después de año y medio de ascenso sostenido del coste del megavatio en el mercado mayorista. El 28 de febrero de 2021 marcó un precio de 18,5 euros, pero al día siguiente ya se elevó a 42,2, según consta en la base de datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Y, a partir de ahí, un incremento sin freno. En pandemia, con los confinamientos, la demanda de energía cayó y se produjo un exceso de oferta. Los productores, especialmente de gas - determinante en la generación eléctrica-, decidieron ralentizar su producción, ya que la situación no les permitía obtener los mejores precios para ellos. 

Lo que pasó en 2021 es que, al recuperar la actividad, la demanda se elevó mucho más de lo que los productores pensaban. Éstos aprovecharon la coyuntura para restringir su oferta y así obtener mejores precios en una panorama en el que la energía se hacía imprescindible para consolidar el retorno del crecimiento económico. De ahí que esa escasez encareciese la generación eléctrica y, por consiguiente, el recibo. 

El Gobierno aprobó en junio de 2021 un decreto-ley “por urgencia” para bajar el IVA de la luz del 21% al 10% y el Impuesto Especial de Electricidad. Tras sucesivas prórrogas, y en vista de que la factura no aflojaba, al Ejecutivo no le quedó más remedio, un año después, que volver a aplicar una rebaja al IVA hasta dejarlo en el 5%. Pero ni por esas. El 8 de marzo, dos semanas después de la invasión rusa de Ucrania, el megavatio creció hasta 544,9 euros. 

La guerra rompió cualquier previsión de alivio en la inflación y las maniobras de Moscú han conseguido encarecer aún más el precio del gas. La Comisión Europea validó en junio la ‘excepción ibérica’ para limitar el precio del gas usado para generar electricidad. Una medida que está suponiendo una caída en el recibo menor del previsto, ya que la ola de calor ha disparado el consumo de electricidad. El gasto, pues, no cesa.