Año 2007. Amparado por las directivas europeas, el Gobierno de España pone en marcha un plan para impulsar las renovables: promociona la compra de placas solares por parte de particulares. Existe un armazón jurídico, un proyecto atractivo y solvente que nace para ir a más, dicen. “El sol puede ser suyo”, era el eslogan. Los documentos llevan el membrete del Ministerio de Industria, hay reales decretos, las cosas quedan claras en el BOE. Todo son facilidades.
A la llamada acuden miles de ciudadanos, 9.070 en Navarra. Una placa era más barata que un piso y fue la hucha de muchos trabajadores. Pero en dos años todo cambia de la noche a la mañana: una reforma legal da al traste con las condiciones iniciales, deja colgado el proyecto y aboca a los pioneros a un camino de recursos judiciales, protestas y desvelos que dura hasta hoy, cuando calculan unas pérdidas de hasta el 50% sobre lo previsto. Una ruina.
Pilar Eraso y Juan Antonio Cabrero son dos de ellos. Ambos forman parte de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) que reúne a más de 60.000 afectados en toda España. Se sienten “engañados y estafados” y reclaman que el Gobierno enmiende su perjuicio. Exigen para los pioneros el mismo trato que tuvieron los grandes fondos extranjeros, que sí accedieron a compensaciones a través del arbitraje internacional del Ciadi. Y a la parte del PSOE del Ejecutivo le piden que cumpla lo que pusieron negro sobre blanco en su pacto de Gobierno con Podemos: que los pioneros de la fotovoltaica son un sector perjudicado al que hay que reparar.
Dos años de vida
En el reportaje participan Eraso, Cabrero y un tercer afectado que prefiere anonimato, pero que también comparte su historia. Sus testimonios seguro que son parecidos a los de otros muchos trabajadores que tenían una peseta y se acogieron a un proyecto que les inspiraba solvencia por su procedencia y buenas perspectivas.
Eraso compró una placa para cada uno de sus tres hijos con una indemnización por despido y un crédito. Cabrero adquirió dos, una él y otra su mujer, que bien podían haber metido el dinero en un plan de pensiones. El tercer afectado compró la placa con la herencia de su padre.
“No hicimos otra cosa que ajustarnos a la ley”, cuenta Cabrero. El producto estaba muy delimitado por el Gobierno, que puso como tope para sumarse finales de 2008. Los pioneros no han tenido margen para decidir ni tarifas, ni vueltas de la energía a la red, ni nada.
Las cosas se torcieron pronto. “Desde la Nochebuena de 2010 yo al BOE le llamo el Boletín Oficial de Estafas”, cuenta Cabrero. Ese día se produjo un recorte retroactivo sobre las placas que fueron rematando varios cambios posteriores, incluidos los impuestos al sol de Rajoy y la práctica disolución del Real Decreto 661/2007, que era el que marcaba las condiciones. De fondo, el Gobierno les señaló como los responsables de contribuir al “déficit de tarifa”, algo “completamente falso”. Como falso es que la factura les salga más barata en un negocio que a muchos de sus colegas les ha supuesto directamente la ruina.
“Ahi empezaron las noches de angustia”, coinciden los tres, y de descubrir la “letra pequeña” de unos bancos que “daban facilidades”, pero que a la hora de la verdad te advertían de que si no pagabas la placa podrías también perder la casa.
Una de las primeras cosas que hicieron fue crear Anpier, de la que Cabrero es vicepresidente y delegado en Navarra. Acudieron a los tribunales, sin suerte. “Los jueces se pusieron de lado del Gobierno. Nos decían que teníamos que ser conscientes de que podía haber cambios”.
Los chascos se agravaban conforme veían la buena suerte de las empresas extranjeras y el arbitraje al que ellos no podían acogerse. Empresas que, por cierto, “han esperado a la quiebra de los pequeños productores para comprarles las placas” porque las placas en sí son buenas. De hecho generan mejores valores que la media Europea. Pero con la ley así no son rentables para un pequeño inversor.
El paso pendiente
Sin amparo judicial y con un producto muy por debajo de lo previsto, a los pioneros les ha quedado la movilización. Han tocado todas las puertas imaginables y ahora exigen al Gobierno que enmiende los daños. Una propuesta que mitigaría algo, un poco, los daños, es alargar la vida útil de las placas para arañar un poco de rentabilidad. Pero bastaría con que el Ejecutivo central cumpliera su acuerdo de Gobierno. “En el punto 3.5 reconocen explícitamente el daño a los fotovoltaicos”, subraya Cabrero, que apela directamente al PSOE y pregunta “si nos va a volver a engañar otra vez o si va a cumplir ese acuerdo”.
Anpier ha conseguido que Unidas Podemos sí solicite en las Cortes ese cumplimiento. Otros partidos, del PRC a UPN pasando por EH Bildu o Compromís también les han apoyado. “Falta el PSOE”, lamentan, cuando “fue el ministro Sebastián el que nos calentó la cabeza”. “Lo puedes decir como quieras, pero esto ha sido una estafa, hemos salido perjudicados totalmente”, apunta Eraso, cuando “lo único que hemos hecho ha sido seguir lo que decía la ley”, remata Cabrero. Esta situación, además, crea “una inseguridad jurídica tremenda”, a juicio de Eraso: “¿Quién va a fiarse si cambias las reglas con el partido empezado?”.
Por eso apelan directamente a la política en año electoral, aunque en este camino hayan aprendido “que son los oligopolios de rentas excesivas quienes gobiernan, mandan y ordenan”. “Se acaba la legislatura y somos 9.070 afectados, que con familia son 27.000 potenciales reflexionadores de voto. Pedimos que nos digan si van a cumplir o si van a volver a engañarnos”, zanja Cabrero.
