La defensa de los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos ha responsabilizado este lunes al patriarca del clan de parte de los hechos por los que se sientan en el banquillo de los acusados, y que tienen que ver con la presunta estafa de Nueva Rumasa, solicitando de igual forma anular gran parte de la prueba.
Durante el turno de cuestiones previas de la vista oral, que ha arrancado este mismo lunes, la representación de los Ruiz-Mateos --que se enfrentan a 16 años de cárcel respectivamente-- ha asegurado que era su padre el que tenía el "dominio funcional de las acciones que la Fiscalía" Anticorrupción "criminaliza".
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también pide condenar a otro nueve acusados --todos ellos responsables del grupo-- a penas que van de los 3 años de cárcel a los 15 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública.
El letrado de los Ruiz-Mateos, que ha enumerado una serie de sentencias penales y mercantiles relacionadas con la familia, ha señalado que esos fallos "atribuyen la responsabilidad a José María Ruiz-Mateos y excluyen por falta de dominio funcional" a sus hijos.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que los acusados "venían trabajando durante años colectivamente en el ámbito de dirección de un complejo entramado societario conocido públicamente como Grupo Nueva Rumasa, denominación e imagen que utilizaban recurrentemente en su publicidad con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial".
"Aunque todos ellos desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz-Mateos, cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos", detalla Anticorrupción en su escrito de acusación.
LA DECLARACIÓN DEL EXABOGADO DEL PATRIARCA
En este contexto, la defensa de los seis hijos acusados también ha pedido la nulidad de las pruebas contra sus patrocinados asegurando que las mismas se obtuvieron a raíz de un hecho delictivo: la declaración ante la Fiscalía del que fuera abogado del patriarca del clan, Joaquín Yvancos.
En esta línea, ha recordado que el letrado ostentó la representación de Ruiz-Mateos padre y, una vez dió un paso al lado, decidió comparecer ante la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos y posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción para aportar una serie de documentación.
Esos papeles, ha continuado, sirvieron para que el Ministerio Público se dirigiese a la Audiencia Nacional para proceder a la investigación de los hechos. "Hoy sabemos y es cosa juzgada que esa conducta de Yvancos constituyó dos delitos: de revelación de secretos y de deslealtad profesional porque realizaba esa conducta en un procedimiento en el que llevó la defensa del principal investigado", ha apuntado el abogado.
El letrado ha apuntado que Yvancos fue "condenado por la Audiencia Provincial de Madrid" por sendas comparecencias ante la Fiscalía. "Resulta evidente que esta prueba es nula. El deber de secreto profesional protege a todos. Fue abogado del padre, del hijo y de todas las empresas. Desvelar lo que debe ser secreto vulnera el derecho a la tutela judicial", ha incidido.
Así las cosas, ha llamado la atención sobre el efecto "tan pernicioso que su declaración y los documentos" que aportó, señalando que las pruebas se obtuvieron "merced a esa conducta delictiva", existiendo una "conexión causal" que lleva a una "conexión de antijuricidad".
"Sería absolutamente perverso admitir la validad de medios de prueba. No hay margen para la discrecionalidad. Se recibe la prueba como medio de un acto delictivo, y a partir de ahí no ha lugar a admitir esas pruebas", ha apostillado.
El fiscal, sin embargo, ha asegurado que Yvancos no aportó "nada al procedimiento que no se tuviera". "Las entradas y registros aportan documentos que solo sirven para confirmar lo que sabía el instructor. El señor Yvancos no violó su deber de secreto ni aportó nada a la causa que la contamine", ha espetado.
En esta línea, el representante del Ministerio Público ha apuntado que "no hay necesidad de que la Sala acote la prueba que se pueda o no utilizar". Además, ha recurrido a una sentencia en la que se desprendería que "no cabe extraer que Yvancos" vulnerase su deber de secreto profesional.
El fiscal, además, ha pedido al tribunal que preside el magistrado Fernando Andreu que reconsidere el orden de declaración de los acusados de forma que estos no comparezcan al final de la vista oral.
Por otro lado, Anticorrupción también ha pedido al tribunal que inste a la defensa de los Ruiz-Mateos a aclarar qué contiene la "ingente documental" que los acusados han aportado antes del inicio del juicio.
El tribunal ha anunciado, tras retirarse a deliberar, que resolverá en sentencia las cuestiones de nulidad y prescripción planteadas por las defensas. Además, ha admitido que los acusados declaren al finalizar la prueba y al término del juicio.
ESTRENO DE LA SALA DE MACROJUICIOS
Cabe destacar que esta vista oral, que reúne a un total de 15 acusados y más de medio centenar de personas jurídicas, ha estrenado la nueva sala de vistas que el Ministerio de Justicia ha habilitado para la celebración de macrojuicios.
Fue en octubre de 2022 cuando el departamento anunció la reforma y ampliación de la sala de vistas que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares. Las primeras estimaciones apuntaban a que esas modificaciones permitirían acoger a un total de 101 abogados y otras 264 personas entre público y encausados.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que después de las dos primeras semanas de vista oral está previsto un parón durante el que se darán los últimos retoques a la sala.
