La plantilla de BSH Esquíroz no se queda quieta
Coloca camisetas con el mensaje de que la planta no se cierra, en rotondas de distintos puntos de la Comarca de Pamplona y en localidades navarras
La plantilla de BSH Esquíroz, compuesta por 655 empleados y empleadas, se está movilizando para evitar el cierre de la factoría de electrodomésticos.
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Durante estos días han confeccionado camisetas, en tono amarillo y negro, que han colocado a través de cruces en distintas rotondas de la Comarca de Pamplona y de otras localidades navarras.
El comité, en representación de la plantilla, deja un mensaje claro en esa prenda: BSH no se cierra, tanto en castellano como en euskera.
En puntos de Pamplona, Olloki, Sarriguren, Villava, Ayegui, Barañáin, Berriozar, Arróniz o Murieta puede observarse la indumentaria para visibilizar este conflicto laboral que comenzó el 16 de diciembre, cuando la dirección anunció al comité la clausura de este centro productivo en junio.
Apoyo de la ciudadanía
La parte social, compuesta por siete delegados de UGT, tres de LAB, dos de CCOO, dos de ELA, dos de ATISS y uno de Solidari, ya denunció la situación que atravesaba la factoría en marzo, y que se temía una deslocalización por los movimientos que estaba realizando la multinacional, como la falta de compromiso para la inversión y el desvío de producción a Polonia y Turquía.
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Tanto la plantilla como el comité quieren buscar el apoyo de la ciudadanía navarra a través de este tipo de acciones, ya que defienden el mantenimiento de la fábrica en Esquíroz y rechazan todos los despidos.
Aunque no van a participar en la mesa de trabajo que se ha constituido, quieren contribuir con sus aportaciones, como ya indicaron la semana pasada.
El consejero de Industria, Mikel Irujo, señaló este jueves que todavía esperan que la multinacional responda a una de las fechas planteadas para tener esa primera reunión de la mesa de trabajo.
BSH tuvo que comunicar en diciembre su decisión de cerrar el centro de Esquíroz, ya que la normativa actual exige que se produzca seis meses antes de adoptar dicha medida. Con ello, el Gobierno central pretende que haya un periodo de tiempo para revertir esa situación.
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